Los seis grupos parlamentarios en las Corts aprobaron ayer por unanimidad una petición para que se impulse el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025, presentado el 18 de diciembre de 2017 por el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero que apenas se ha ejecutado. Se trataba de una nueva planificación para viejas reivindicaciones ya que la mayoría de actuaciones previstas se reclaman desde hace décadas. Y ya se recogían en el Plan de Cercanías presentado en 2010 por el ministro José Blanco, de 3.995 millones que la crisis se llevó por delante.
La planificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy era «más realista» y preveía una inversión en ocho años de 1.436,55 millones de euros. El problema es que este plan se presentó sin un compromiso de anualidades presupuestarias. Y la primera decepción llegó con los presupuestos generales de 2018 que presentó Cristobal Montero (y que siguen prorrogados) que apenas dedicaban 52,2 millones de euros a las cercanías: 19,8 de Adif y otros 32,4 millones de Renfe. El primer presupuesto que presentó el ejecutivo de Pedro Sánchez sí que preveía 300 millones para las Cercanías valencianas, aunque éste nunca llegó a aprobarse, lo que provocó la primera convocatoria electoral de 2019 el 29 de abril.
Por ello las Corts aprobaron ayer por unanimidad «instar al Consell a dirigirse al Gobierno central para que el Ministerio de Fomento «impulse el Plan de Cercanías consignando en los presupuestos del Estado para 2020 las cuantías necesarias para tal fin y las actuaciones necesarias para la resolución de las incidencias que están afectando a los usuarios». El segundo punto de la proposición no de ley también insta a Fomento a «convocar en el plazo más breve posible la comisión de seguimiento del Plan de Cercanías de la Comunitat» que sólo se ha celebrado una vez desde diciembre de 2017. En el plazo de seis meses las Corts deberán dar cuenta del grado de cumplimiento de la proposición aprobada.
La unanimidad en la votación final no evitó ciertos reproches entre los portavoces parlamentarios de Obras Públicas durante el debate de la moción inicial, presentada por el PP, y enmendada por una modificación de los partidos Botánicos (PSPV, Compromís y Podemos).
El portavoz popular de Obras Públicas, Miguel Barrachina, admitió en su intervención que las cercanías, «un sistema ferroviario indispensable, tiene un problema doble: uno estructural e histórico y otro de falta de organización». Ésta última provoca, según los datos que ofreció Barrachina, que «las Cercanías de València sufran un 11% de impuntualidad frente al 2% de Madrid o que el número de cancelaciones de trenes alcance el 4%, cuando en el resto de la red este porcentaje es ninguno». Barrachina sacó pecho porque su formación logró sacar adelante «un Plan de Cercanías de 1.436 millones, pero que la moción de censura cortó su tránsito». Y cuya aplicación no ha sido respaldada por los socialistas, criticó Barrachina, «porque la inversión en la Comunitat Valenciana ha caído en 2019 un 72% respecto al año anterior». Por ello, el diputado popular urgió a Renfe a «licitar cuanto antes los 52 trenes que debían estar ya construyéndose y para lo que Renfe fue habilitada en mayo de 2018, para convocar el concurso pero esta iniciativa se ha frenado».
Falta de músculo presupuestario
Los tres grupos parlamentarios del Govern del Botànic aceptaron secundar la moción popular, enmendada, aunque no escatimaron las críticas a los populares por presentar el Plan de Cercanías pero no dotarlo de músculo presupuestario para que arrancara.
«De los 1.436 millones que iban a invertirse ustedes destinaron 50 millones en los presupuestos de 2018, cuando en realidad necesitábamos 300, por lo que nos hemos tenido que apañar con lo que teníamos y con el apoyo de los buenísimos profesionales que trabajan en el ferrocarril», lamentó Estefanía Blanes (Unides Podem). Blanes admitió «los problemas que ha habido, que provoca las quejas justificadas de los usuarios» pero se mostró convencida de que «se retomarán las reuniones cuando haya gobierno y seremos escuchados por lo que nos toca».
También se refirió a la exigua partida presupuestaria que destinó el PP el primer año del Plan de Cercanías en vigor la diputada de Compromís, Belén Bachero. «Iniciar un plan de 1.436 millones con sólo 50 millones supone que nos habría costado 29 años ejecutarlo», ironizó. Al tiempo que recordaba que los presupuestos del Estado de 2019 que no llegaron a aprobarse «se destinaban 300 millones a las Cercanías, para invertir donde hacía falta». Bachero confió en tener «un gobierno progresista que apruebe unos presupuestos, porque las Cercanías ofrece un servicio nefasto por la falta de inversión, las obras del tercer carril, las cancelaciones y los problemas técnicos que no vienen de ahora, sino que la pérdida de usuarios se arrastran desde la pasada década».
Enmiendas no aprobadas
El portavoz socialista de Obras Públicas, Michel Montaner, reivindicó que «el Plan de Cercanías ya se ejecuta con José Luis Ábalos (ministro de Fomento)» frente al «PP que tenía las Cercanías abandonadas, como prueban las incidencias descomunales que sufrieron los usuarios en la C-3». Montaner no sólo lamentó que el presupuesto de 2019 no saliera adelante, sino que «ni el PP, ni Ciudadanos aceptaran las enmiendas que presentamos para que el presupuesto de 2018 de 50 millones aumentara hasta los 133». También defendió que «Fomento ha licitado el concurso de trenes de Renfe y diversas mejoras en las estaciones. Nosotros creemos en el Gobierno de la nación y en el ministro Ábalos para mejorar nuestras Cercanías», aseguró.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Carlos Gracia lamentó que las ocho líneas de Cercanías de la Comunitat, que cuentan con más de 424 trenes y 422 kilómetros de vía, presentan una «importante saturación» y dan un servicio «anticuado» y con «graves carencias», por lo que anunció su voto a favor de la proposición no de ley. Y, por último, la síndica de Vox, Ana Vega, calificó de «notorio» el incumplimiento de ese Plan de Cercanías, y dedició apoyar la propuesta para que haya transparencia en el seguimiento de su ejecución y los valencianos tengan una red de Cercanías «moderna y adecuada» a las necesidades.
