El presupuesto de 2020 debe ser el del sello definitivo de Toni Gaspar a la Diputación de València, que pasó a presidir por accidente (la detención e imputación de su predecesor, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería) en julio de 2018. Un año después, tras las elecciones municipales, fue confirmado por el PSPV en el cargo.

Quitar boato, reducir líneas de ayuda y eliminar convenios. El alcalde de Faura llegó con este plan debajo del brazo, que entronca con la filosofía histórica de la izquierda, contraria a las diputaciones provinciales. Mientras existan (están protegidas por la actual Constitución), Gaspar defiende que hay que profundizar en su carácter instrumental y reducir su papel de poder (contrapoder, en ocasiones) político.

El presupuesto de 2020, sobre cuyo anteproyecto ya existe un pacto con los socios de la corporación, da un paso adelante en una estrategia que empezó con Rodríguez: se cancelan líneas de subvención para duplicar los créditos que se transfieren directamente a los municipios, de modo que ellos deciden dónde invertir este dinero. Así, las cuentas de 2020 contemplan duplicar las cantidades asignadas este año al Fondo de Cooperación Municipal (pasará de 20 millones a cuarenta) y al Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM), que crecerá de 36 (cantidad que permanecía estancada desde 2017) a 70 millones, si el proyecto supera todos los trámites.

Serán 110 millones de inversión directa de un presupuesto total que en 2019 ha rondado los 500 millones de euros.

«Es el cambio más importante en la diputación en los últimos treinta años», asegura Toni Gaspar. Supone, añade, una vuelta a los orígenes, cuando solo existían los denominados pepos (transformados ahora en el plan SOM) para que los ayuntamientos financiaran sus proyectos. Luego creció un entramado de programas paralelos a través de los cuales la diputación dirigía las inversiones de los municipios (iluminación, campos de fútbol...) Algunos de ellos están vinculados a las causas abiertas por corrupción a ex altos cargos de la etapa del PP. «Se trata de volver a los inicios», incide el dirigente socialista. «Es reducir la burocracia, simplificar los procesos de contratación y creer en la autonomía municipal y en la mayoría de edad de los ayuntamientos», añade.

El aumento de fondos no significará, no obstante, que todos los municipios doblen directamente la cantidad que reciben ahora, ya que se van a introducir nuevos criterios en la fórmula para el reparto, como favorecer las acciones contra el cambio climático y la despoblación.

La diputación prepara un encuentro para explicar los cambios a todos los alcaldes, que son los más interesados en la nueva distribución, afirma el presidente. También hay reticencias funcionariales y de partidos, admite, ante un cambio en los modos tradicionales de actuar y en la filosofía, ahora más instrumental de la corporación. El virreinato provincial queda más lejos. Las aportaciones directas de la presidencia (el factor clave para el clientelismo) se han reducido a la mínima expresión en los últimos años