Con la controvertida aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, en 2017, el Consell del Botànic se propuso acabar con la figura de los agentes interinos en los municipios. Dos años después, una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la contratación de policías locales en régimen de interinidad ha obligado al Gobierno autonómico a recular, a través de una enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020.

La modificación, que parte de la Conselleria de Justicia, pretende regular un marco legal ordenado y común para encauzar el uso de los interinos por parte de los ayuntamientos, con una serie de condiciones frente a los abusos. El artículo añadido establece que los consistorios podrán utilizar este método de nombramiento «excepcionalmente», cuando «concurran motivos de urgencia y necesidad». Otro aspecto importante es que la contratación no podrá superar los dos años de duración. Además, dichas plazas deberán haber sido incluidas en una oferta de empleo público vigente con anterioridad a su cobertura temporal.

Solo podrán ser nombrados interinos aquellos agentes que ya formen parte de una bolsa de empleo temporal específica constituida en cada ayuntamiento. Antes de acceder al puesto, además, deberán superar un proceso selectivo guiado por los principios de objetividad, transparencia, mérito y capacidad, compuesto por unas pruebas físicas y psicotécnicas y un curso teórico de al menos 60 horas, para evitar «enchufismos».

Frente a las críticas de varios sindicatos, que se oponen a la contratación de interinos porque ven en esta figura un freno a la profesionalización del sector, desde la conselleria sostienen que el fallo del Constitucional no deja otra posibilidad que reformular la ley, con la mirada puesta en impedir que se genere una avalancha de litigios en los ayuntamientos que podría retrasar su desarrollo efectivo.

La moratoria vence en diciembre

Las quejas de los municipios por las dificultades para funcionar sin interinos ya obligó al Consell a aprobar una moratoria que prorrogaba hasta diciembre de este año la adecuación de las plantillas a la nueva normativa de 2017, flexibilizando su cumplimiento. Ese inminente vencimiento es el que argumenta la conselleria para corregir la normativa por la vía urgente de las enmiendas, con el objetivo de evitar un escenario de caos por la falta de regulación.