Los ocho exdirectivos de FGV acusados se enfrentan a tres años y siete meses de cárcel, además de otros cinco de inhabilitación por un delito contra los derechos de los trabajadores (por el fallecimiento del maquinista y la interventora del tren), junto a cuarenta y tres delitos por homicidio imprudente y otros 47 de lesiones por imprudencia, agravados por ser imprudencia profesional, en el ejercicio de sus funciones en la empresa pública ferroviaria valenciana.
