El Gobierno pagará un total de 1,67 millones a las 167 familias de los alumnos de Cataluña y las 5 de la Comunitat Valenciana que tuvieron que matricular a sus hijos en centros privados para que pudiesen cursar sus estudios en castellano. Con esta decisión, adoptada ayer en el Consejo de Ministros para dar cumplimiento a un fallo del Tribunal Constitucional, el Gobierno reembolsa a las familias el gasto por optar por una enseñanza privada en castellano de conformidad con lo dispuesto en la Lomce y que fue declarado inconstitucional.
