El Estado ingresó el pasado año 149 millones de euros por las casi 250.000 infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, lo que representa un 10 % más respecto al año anterior, según datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

Los mayores ingresos procedieron de las 177.199 sanciones por drogas, que alcanzaron los 116 millones de euros, 13 millones más que un año antes, es decir, un aumento del 12,72 %.

En total, el Gobierno ha abierto expedientes por valor de 416 millones de euros desde mediados de 2015, cuando comenzó a aplicarse, según los datos de Interior. Las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015. Un importe que se ha multiplicado en los años posteriores, hasta alcanzar los 89,6 millones en 2016, los 135,7 millones en 2017 y los 149 del año pasado.

El consumo o la tenencia ilícita de estupefacientes fue la infracción que se situó a la cabeza en este apartado durante 2018, con unos ingresos que ascendieron a casi 116 millones. Por su parte, las sanciones por plantación de cultivos ilícitos, si bien continúan entre las principales, disminuyeron un 6,68 por ciento para un total de 630.059 euros.

Mientras, las infracciones a la seguridad ciudadana fueron 48.922, con unos ingresos de 18,1 millones de euros (un 2,52 %). Entre ellas, los desórdenes en la vía pública, la desobediencia y la falta de respeto a los agentes motivaron hasta 41.389 sanciones de muy graves a leves, que arrojaron un saldo de más de 15 millones. En contraste, en 2018 se registraron 23.544 sanciones por armas y explosivos, un dato ligeramente inferior -menos de un uno por ciento- que en 2017, mediante las que se percibieron 14 millones, principalmente como resultado de llevar armas de modo negligente.

Por comunidades autónomas y en términos relativos, la Comunitat Valenciana se situó como la segunda tanto en nñumero de sanciones como en recaudación, con una disminución del 3,4 %, solo por detrás de Andalucía. Esta última fue donde más creció el número de sanciones, con un 20,22 % hasta alcanzar las 91.996, por delante de Ceuta, con un alza del 19,4 %, y Extremadura (un 19,2 %).

En el lado opuesto, Asturias fue la comunidad donde más descendió el número de infracciones a las ley, en concreto un 23,4 %, seguida de Canarias (- 12,13 %) y ya más alejada de Cantabria (- 6,74 %). Las cifras de Cataluña y País Vasco apenas son representativas, ya que sus respectivas policías tienen competencias en seguridad ciudadana.

Las elevadas multas previstas en la ley aprobada por el PP, gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba en el Parlamento, fue uno de los aspectos que más rechazo generó entre los opositores a la norma. De hecho, la modificación de las cuantías económicas es uno de los puntos previstos ahora en el acuerdo de Presupuestos pactado el Gobierno y Unidas Podemos el año pasado y que no fueron aprobados por el Parlamento.

A falta de saber cómo se refleja este punto en el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y la coalición de izquierdas firmado el pasado martes, aquel pacto presupuestario contemplaba «ajustar» las multas a la «capacidad económica» del sancionado. Además, Unidas Podemos pretendía reducir drásticamente los importes y planteaba que las sanciones por infracciones muy graves, que oscilan actualmente de los 30.001 a los 600.000 euros, se recorten hasta un máximo de 12.000. También pretendía que las infracciones graves, penadas en estos momentos con hasta 30.000 euros, bajen a un máximo de 6.000. Y las leves, con multas de 100 a 600 euros, se reduzcan a un máximo de 300.

Los artículos 37.4 y 36.6 „que, respectivamente, castigan las faltas de respeto, un precepto nuevo; y la desobediencia a los agentes, elevado de infracción leve a grave„ se han convertido en dos de los puntos utilizados de forma más recurrente.