Los tiempos de la justicia no son los de la política y sincronizarlos no es sencillo. Justicia y política siguen caminos bien distintos, pero los tribunales volverán a marcar la agenda política valenciana una legislatura más sin pretenderlo.
La dimisión de la asesora del vicepresidente del Consell Rubén Martínez Dalmau, María Oliver (Podem), exconcejal del Ayuntamiento de València, tras su procesamiento por la adjudicación del mapa escolar municipal días antes de las elecciones del 10N, pone otra vez sobre la mesa que la justicia no tiene por qué pensar en los tiempos de la política.
Así, entre la justicia y la política transcurrirá la agenda política valenciana de los próximos meses. Una de las primeras resoluciones que se espera es la sentencia de la Audiencia de València sobre la denuncia por un presunto caso de abusos contra la expareja de la vicepresidenta Mónica Oltra, monitor de un centro concertado.
El hecho no guardaría ninguna relación con la función pública de la dirigente de Compromís si no fuese porque la denunciante es una niña tutelada por la Generalitat y su conselleria la responsable de atender a menores en desamparo. Más allá del fallo, un reproche en la sentencia sobre la desprotección de la menor que denunció la Fiscalía en el juicio marcará en gran medida la actividad política durante días.
Mientras, en el Ayuntamiento de València todos los ojos, de un lado y otro del pleno, miran a un juzgado: Instrucción 18. Este órgano investiga la estafa de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) estafa de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT)y depurará las responsabilidades penales de los hechos. Por el momento la única investigada es Celia Zafra, la exdirectiva despedida, y la EMT figura como acusación.
Ese mismo juzgado, aunque distinto magistrado, es el que ha procesado al concejal de Cultura Festiva y portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset, por la muerte de un trabajador en los conciertos de Viveros del año 2017. La decisión del juez de apoyo ha supuesto una convulsión que ha trastornado la normalidad de una de las concejalías con más visibilidad del cap i casal.
La proyección política de Fuset está ahora en manos de los tribunales. El concejal valencianista ha rechazado recurrir en reforma ante el propio juzgado para evitar otro pronunciamiento en contra y se ha dirigido directamente a la Audiencia de València para solicitar la nulidad de su procesamiento o el archivo de las diligencias.
El juzgado no ha sido ajeno a la trascendencia de esta decisión y en el auto por el que se incoa el procedimiento abreviado puntualiza que toma esta decisión sin pensar «en las consecuencias que pudieran tener sobre él por el cargo público que desempeña (...), no pudiéndose reclamar que sea más severo o riguroso que a otras personas en cuanto a la determinación de dichos indicios».
La situación judicial de Fuset es delicada, comprometida, pero parte con cierta ventaja. La Fiscalía le apoya y se ha sumado a su recurso, por lo que la única acusación que figura en la causa es la de la familia, tal y como ha ocurrido hasta ahora. En unas semanas se conocerá el veredicto de la Audiencia provincial y de quién fue la responsabilidad, civil o penal.
Pero no solo Compromís está pendiente de las decisiones de este juzgado. En el PP también miran de reojo, pues es el órgano que instruye las diligencias derivadas de Taula, una de las mayores operaciones contra la corrupción de los últimos años. Varias de la piezas están ya cerradas y la que más preocupa es la que investiga a medio centenar de cargos del PP municipal por un presunto delito de blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015.
En esta pieza sigue imputado el PP nacional como persona jurídica -opera con un único CIF en todo el territorio nacional- y el procesamiento del partido condicionaría el discurso de regeneración de Pablo Casado e Isabel Bonig. A ello hay que sumar los juicios que se van a ir celebrando por la gestión del PP durante el tiempo que retuvo la Generalitat. Sin ir más lejos, este jueves arranca el del Palau de les Arts por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, y en enero dará comienzo el de la tragedia del metro, en el que 43 personas fallecieron y 47 resultaron heridas.
El escenario también es desalentador para el Palau. La primera investigación destacada de la legislatura será la de las ayudas públicas adjudicadas por el uso del valenciano en medios de comunicación a las empresas del hermano de Ximo Puig, Francis Puig. El PP ha tocado hueso con esta querella y no piensa soltarlo.
La Fiscalía Anticorrupción se sumará en los próximos días al caso, una vez reciba la comunicación oficial del fiscal jefe en Madrid, Alejandro Luzón. Por el momento ya figuran como imputados el hermano de Puig y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, quien también comparecerá en las Corts.
Otra investigación que está a punto de finalizar es la que mantiene imputado al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez,ahora alcalde de Ontinyent por un partido independiente. Una vez declaren los últimos testigos citado, el instructor cerrará el caso y valorará si proceso a los cargos de PSPV y Compromís investigados por la gestión en Divalterra. La justicia resolverá lo que la política no pudo hacer.
