Con un presupuesto anual de 500 millones de euros a sus espaldas, la Diputación de València es un gigantesco monstruo burocrático sometido a potentes corsés que ralentizan su funcionamiento y se traducen en un bajo índice de ejecución del gasto. Recurrir a los contratos menores como fórmula para agilizar trámites es un práctica habitual en la Administración, aunque las últimas reformas legales endurecen los controles y son más restrictivas con los procedimientos sin concurso.
Con ese mar de fondo, la Intervención ha detectado una serie de debilidades en las contrataciones menores formalizadas por la diputación durante el ejercicio de 2018. El propio interventor advirtió ayer en el pleno de la ineficiencia de este sistema -que implica la gestión de más de 5.000 facturas- por los abundantes recursos que consume, en el marco de un agitado debate abierto por la oposición.
Cerca del 76 % de los expedientes de contratación promovidos por la institución provincial el año pasado fueron de tipología menor. Unos 24 millones de euros. Las facturas que se sitúan por debajo de los 5.000 euros representan el 62 % y, tal como incidió el interventor, no están sometidas a ningún control.
En ese sentido, el funcionario admitió limitaciones en la supervisión y una cierta «falta de exhausitivadad», aunque resaltó que «no se puede comprobar todo», para evitar «paralizar» la Administración. Aun así, destacó que la entidad está «muy protegida» porque los contratos de más de 5.000 euros «no se pueden llevar a cabo sin un control previo de legalidad», insistiendo en el aumento de los análisis globales internos «con perspectiva de mejora».
Según las cifras aireadas por Ciudadanos -que no fueron rebatidas por el equipo de gobierno-, entre 2017 y 2018 se abonaron 4 millones con informes desfavorables o sin informes de fiscalización previa. La cifra coincide con los pagos concatenados a Correos reparados por la Intervención y posteriormente aprobados en el pleno. Una problemática que ha conducido a la corporación a preparar un pliego para agrupar las facturas por servicios postales en un concurso público, con tal de evitar el fraccionamiento. El análisis también identifica contratos menores que se prorrogan más de un año.
El presidente de la diputación, Toni Gaspar, pidió ayer «responsabilidad» a los diputados a la hora de hablar de los contratos menores y recalcó que la auditoría «no cuestiona la legalidad» de los procedimientos, a tiempo que hizo hincapié en las dificultades similares con las que se topan todos los ayuntamientos. Gaspar incidió en los avances introducidos estos años aunque admitió «cosas a mejorar» y aseguró su intención de cumplir con las recomendaciones de la auditoría. «Podemos ser más eficientes si planificamos mejor, pero tenemos los trabajadores que tenemos», observó, en cualquier caso, el presidente. El interventor coincidió en que una mejor planificación reduciría la contratación menor y contribuiría a mejorar los niveles de transparencia y los principios de concurrencia competitiva.
El diputado de Ciudadanos Jesús Gimeno denunció un «abuso» en la contratación menor, mientras que Carlos Gil, diputado del PP, puso el foco en que el portal de Transparencia de la diputación únicamente refleja un 20% de los contratos formalizados por esta vía: los de menos de 5.000 euros no están obligados a publicarse. Gil cuestionó las «divergencias» de información sobre las facturas entre los diferentes canales. El diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, defendió los esfuerzos para adaptarse a la nueva Ley de Contratos, pese a tratarse de «una normativa muy estricta y encorsetada», y reiteró que se cumplen los parámetros de legalidad.
Un 15 % de subvenciones directas
Otro informe de Intervención del que se dio cuenta en el pleno pone de relieve que el 15 % de las subvenciones de la diputación (421) se concedieron de forma directa en 2018. El informe cuestiona el considerable aumento de las subvenciones nominativas en el área de Cooperación, con la aplicación de una fórmula polinómica «con criterios de hace varias décadas», en el marco de una normativa «insuficiente y desactualizada».
La Intervención considera que el sistema de concesión de subvenciones, pese a cumplir la legalidad, es ineficiente porque «se requieren muchas personas para hacer lo mismo». De aquí que recomiende una mayor centralización a través de un departamento que pudiera tramitar todas la ayudas.
Frente a las críticas de Cs, Toni Gaspar recordó la reducción sustancial de las ayudas directas en el último año y su compromiso de «reducirlas a cero». El presidente manifestó que «se ha avanzado mucho en 4 años» y adelantó que en Cooperación se está trabajando para volver a cambiar la fórmula polinómica que -subrayó- se introdujo hace cuatro años, después de dos décadas bajo otro sistema.
