La promesa electoral de Ximo Puig de bonificar el 99 % del impuesto de sucesiones a las empresas familiares (independientemente de su tamaño) se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del debate de presupuestos de este año. Los socialistas creían haber encontrado un consenso en el Botànic, pero se ha visto ya que no hay tal, porque Compromís y Unides Podem se niegan a aceptar una exención general, la circunscriben a mercantiles familiares «de pequeño tamaño» (menos de 10 millones de euros de facturación).
El PSPV, como publicó ayer este diario, estaría dispuesto a apoyarse en PP o Ciudadanos para sacar adelante la iniciativa, que considera importante para evitar fugas de empresas a Madrid, pero los populares quieren imponer su criterio. Este es que la exención ha de ser total, no solo afectar a empresas, sino también a cualquier ciudadano. Así, el portavoz de Economía del PP en las Corts, Rubén Ibáñez, instó ayer al PSPV a que apoye su enmienda a la ley de Acompañamiento para eximir a los particulares del impuesto de sucesiones.
Los socialistas, sin embargo, no están por dar ese paso. «La propuesta del PP es otra historia. Nosotros somos firmes defensores del impuesto de sucesiones», respondió ayer el síndic socialista, Manolo Mata.
De momento, el conflicto está abierto y el consenso, bloqueado, tanto con los socios del Botànic como con la oposición. El margen de tiempo es hasta el 5 de diciembre, cuando deberá abordarse en comisión en Corts.
