La consellera de Justicia y Administraciones Pública, Gabriela Bravo, ha heredado los principales proyectos para prevenir la corrupción impulsados la pasada legislatura por la Conselleria de Transparencia. Y ello como consecuencia de una decisión que tiene mucho más calado de lo que podía parecer en un principio: la adscripción de la Inspección General de Servicios al departamento de Justicia.
Este cuerpo especializado y cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos estuvo adscrito orgánicamente la pasada legislatura al departamento que dirigía Manuel Alcaraz, pero durante la negociación del Botànic II, los socialistas lo reclamaron y lograron asignarlo al área de Bravo.
Esta readscripción será clave en términos de poder para la consellera Bravo. La plantilla de inspectores e inspectoras apenas supera la docena, pero en sus manos está toda una serie de proyectos sensibles que la pasada legislatura fueron la piedra angular de la Conselleria de Transparencia.
De hecho, Alcaraz reforzó a este órgano con una nueva ley para regular y ampliar las funciones del cuerpo. La norma ya en vigor daba a la inspección estatus de autoridad y competencias sancionadoras y a sus tareas clásicas (velar por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos), sumaba otras directamente relacionadas con la prevención de las malas prácticas.
Sistema de alertas
De esta manera, el cuerpo es el encargado de implantar el sistema de alertas tempranas contra la corrupción y las malas prácticas administrativas en la Generalitat y su sector público, conocido como Satán, un sistema pensado para interceptar irregularidades en la gestión, principalmente en el área de la contratación.
El personal inspector, además, tiene asignada la misión de comprobar las denuncias anónimas de la ciudadanía una vez se ponga en marcha el buzón confidencial que Alcaraz dejó ultimado y que supondrá una nueva herramienta para denunciar posibles corruptelas.
Por otro lado, Bravo heredará también todas las políticas que tengan que ver con la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, un área que también recaía en el antiguo departamento de Alcaraz, pero que compete a la Inspección de Servicios y, por lo tanto, a Bravo. La ubicación de las competencias relativas a la atención de la ciudadanía fue objeto en un inicio de negociación entre Bravo y la consellera Rosa Pérez, aunque las fuentes consultadas indican que finalmente, Participación sólo se quedará con la gestión de los PROP.
Así las cosas, todos los planes para agilizar los trámites administrativos y las cartas de servicio quedan bajo el negociado de una consellera que verá reforzada su área de influencia. Cabe recordar que la inspección toca numerosos asuntos sensibles y puede además abrir investigaciones de oficio.
Entre los deberes que tendrá Bravo está abordar el plan de actuación 2020-2021, así como la revisión del actual; el desarrollo del decreto de inspectores extraordinarios para actuaciones complejas en colaboración con unidades policiales o el incremento de personal, entre otras cuestiones.
La otra cara de la moneda es el consecuente vaciado de competencias de la actual Conselleria de Participación y Transparencia. Pérez sumó Memoria Democrática, pero a cambio pierde el control de los principales proyectos para prevenir el fraude y la corrupción.
Vaciado de competencias
De hecho, en manos de esta conselleria queda el área estrictamente dedicada a gestionar la transparencia a través del portal GVA Oberta, así como la oficina de intereses. Pérez gestionará también las políticas de participación, cooperación y de atención a la ciudadanía.
