Han pasado dos años desde la manifestación que en noviembre de 2017 reunió a decenas de miles de personas en València para exigir una financiación justa para un territorio que año tras año suele alternar entre el último y el penúltimo puesto en el reparto de los recursos públicos del Estado.

En aquel 2017 aún gobernaba el PP de Mariano Rajoy, pero apenas faltaba un semestre para su caída vía moción de censura y la llegada a La Moncloa de un Pedro Sánchez que desde entonces acumula más tiempo en funciones que en el ejercicio normal del cargo. Dos años en los que el bloqueo político ha condenado a la invisibilidad a la agenda valenciana por más que el Consell, los partidos y la sociedad civil la sigan reclamando cuando tienen ocasión.

Ayer, con la investidura de Sánchez pendiente de un fino hilo que le conecta con las bases de Esquerra Republicana (que este fin de semana se posicionan sobre la gobernabilidad del Estado), en torno a un millar de personas alzaron de nuevo la voz en el primer acto de protesta con Sánchez en La Moncloa para tratar de dar visibilidad a los problemas valencianos. En un ambiente algo frío y al mediodía de un viernes laborable no se daban las condiciones para que la convocatoria acabara en un éxito de asistencia.

Y no lo fue. Si lo que se buscaba era una reivindicación potente, el momento elegido no resultaba el más adecuado, coincidían fuentes de varios partidos, que señalaban que en este caso la protesta en forma de cadena humana entre el Palacio del Temple, sede del Gobierno, y las torres de Serranos, donde acabó la manifestación de 2017, partió de los sindicatos.

Aquella manifestación de hace dos años ya la convocó la Comissió Per un Finançament Just, una plataforma de partidos, sindicatos, patronal, de la que se excluyó el PP, pero a la que da apoyo Ciudadanos, y que ayer salió de su letargo (aseguran que con el bloqueo político no se daban las condiciones) para reclamar al futuro Gobierno una reforma del sistema de financiación, la condonación de la deuda histórica valenciana derivada de la infrafinanciación o el establecimiento de mecanismos de compensación y unas inversiones acordes al peso poblacional que compensen la insuficiencia de años anteriores.

Desde la plataforma aseguran que aquella reclamación aún sigue viva y que lo demuestra que de nuevo la reivindicación sale a la calle para recordar al futuro Gobierno que la reforma de la financiación ya no puede esperar más y se hace necesaria de forma urgente.

El manifiesto, leído por la presidenta de las empresarias valencianas, Eva Blasco; el representante del Consell de la Joventut, Xabier Triana; la vicepresidenta de mujeres investigadoras, Ana Sánchez, y la actriz Giovanna Ribes, reclama la necesaria unidad de todos los valencianos para un futuro sin hipotecas económicas y recuerda que ninguno de los modelos de financiación que han existido en estos 40 años ha tratado con justicia a la Comunitat Valenciana. Este año, la Generalitat dispondrá de 237 euros por cada valenciano menos que la media del Estado para financiar los servicios públicos y hasta 839 menos por habitante que la autonomía mejor financiada, lo que supone entre un 10 % y un 29 % menos de recursos que el resto de españoles. Ello genera que el déficit de financiación unido al de una inversión también por debajo de la media genere una factura de 1.600 millones de euros anuales.

Una situación que, recuerdan, es insólita porque los valencianos tienen una renta per cápita inferior en 12 puntos a la media cuando es la autonomía que menos recursos recibe, algo «insoportable» y una «discriminación» contra la que es necesario decir basta.

Sindicatos y partidos reclamaron ayer también al futuro Gobierno que cumplan con la reivindicación de los valencianos. Y la síndica de Podemos, Naiara Davó, formación que por primera vez podría estrenarse en un Ejecutivo en España con la posible vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias, aseguró ayer que su partido insistirá en la reclamación.