Después de una semana de enfrentamientos y malentendidos entre los partidos del Botànic, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, rebajó ayer la 'tensión fiscal' generada por los diferentes criterios en la aplicación del impuesto de sucesiones para las empresas familiares.
La ampliación de la bonificación del 95 al 99 % fue una de las promesas de Ximo Puig en las pasadas elecciones autonómicas del 28A. Una iniciativa que ha chocado en las Corts con las distintas posiciones defendidas en el tripartito. El grupo socialista anunció que intentará, a través de la conocida como ley de acompañamiento, que la dedución al 99 % se aplique a todas las empresas familiares y no haya un tope de facturación de diez millones, límite que defienden Compromís y Unides Podem.
No obstante, la vicepresidenta y coportavoz de la coalición valencianista se mostró ayer confiada en llegar a un acuerdo en la Cámara autonómica que deje atrás las discrepancias entre socios. Oltra también apeló a la fase de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat de 2020 para desbloquear la situación y mantener la hoja de ruta del Ejecutivo valenciano: que paguen más las rentas más altas para ir hacia un sistema de «justicia fiscal».
Un modelo que enmarcó dentro de la reforma del IRPF que entró en vigor en 2017 y que permitió a un millón y medio de valencianos beneficiarse de una rebaja de la presión fiscal. Respecto al impuesto de sucesiones, aseguró que solo el 14 % de los valencianos que heredaron hace dos años se vieron afectados por este gravamen, así como que el 92 % pagó menos de 100.000 euros. El 8 % restante era «la población con más poder adquisitivo».
Por todo ello, la vicepresidenta de la Generalitat garantizó que la política fiscal del Consell está clara: ir a un sistema de justicia tributaria en el que «los que más tienen deben aportar más».
