Carlos García fue condenado en enero de 2019 por violencia de género. Durante años sometió a su mujer a numerosas humillaciones y un día la empujó por las escaleras. La pena, sin embargo, fue inferior a dos años de cárcel y le fue conmutada por trabajos en beneficio de la comunidad, una alternativa a la privación de libertad habitual en las condenas por violencia machista. Carlos se fue a su casa a esperar que el juzgado le informara de en qué municipio debía resarcir su conducta, pero la llamada nunca se produjo y la condena prescribió.

A Ignacio López le pasó algo similar. Maltratador condenado a menos de dos años con la posibilidad de conmutar su pena con trabajos voluntarios. A él sí lo llamaron. Debía ir a un municipio de la Costera a formar parte de la brigada de limpieza municipal. Y así lo hizo durante unos meses. No cobró un euro, pero a cambio encontró colegas con los que poder compartir su rabia hacia la mujer que le había denunciado porque un día le propinó un bofetón. Roberto Domínguez, otro agresor machista, no halló una manada como la de Ignacio donde reconfortarse, pero un día, mientras cuidaba un jardín municipal, se dio el gustazo de mirar de frente a la mujer que le había llevado a juicio por agresión. Tenía una orden de alejamiento, pero el jardín donde acudía todos los días se encontraba a ochenta metros de donde seguía viviendo su víctima.

Carlos, Ignacio y Roberto son personajes ficticios pero sus historias son tan reales como la vida misma. Constituyen las otras fugas del sistema, en este caso penitenciario, que convierten muchas veces en fallida la lucha contra la violencia de género. Frente a quienes defienden una falsa indefensión de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, las cifras y los hechos demuestran que en muchas ocasiones cabe hablar más de impunidad o, como mínimo, de un agujero negro que hace que muchos agresores se salgan de rositas. ¿Qué falla? Esta pregunta lleva tiempo haciéndosela la diputada socialista Rosa Peris, que, tras recopilar datos y testimonios, ha presentado esta semana en las Corts una proposición no de ley que pone el dedo en la llaga en una realidad oculta, la de los agresores condenados cuyos delitos quedan impunes.

Los datos de la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2018 atestiguan que el grueso de los condenados por violencia de género no pisan la cárcel. Así, en 2018 se dictaron en España 34.994 sentencias condenatorias por violencia de género, pero sólo un 11 %, es decir, 3.940 ingresaron en prisión. El resto, 31.054, cumplió otro tipo de medidas, en su mayoría (20.000) trabajos a la comunidad. El resto fueron obligados a someterse a programas de reeducación. En la C. Valenciana, durante los tres primeros trimestres de 2019 se han dictado 3.027 penas alternativas de prisión contra agresores machistas. Los trabajos en beneficio de la comunidad son un instrumento para cambiar los valores de los maltratadores y están previstos por el legislador como una pena con carácter socializador. El fin es disuadir al maltratador y concienciarlo acerca de la negatividad de su conducta. Sin embargo, la realidad transita por caminos distintos a la teoría, ya que este instrumento es de difícil aplicación. En primer lugar, como apunta el PSPV en la moción, las plazas ofertadas son insuficientes y existe un riesgo posible de preescripción. Cabe apuntar que esta pena alternativa a la prisión se ha convertido en la principal vía de cumplimiento de las penas por violencia machista, más incluso que los delitos de tráfico. Sin embargo, cada vez menos ayuntamientos y entidades firman convenios con Instituciones Penitenciarias. De hecho, según la web del ministerio, en 2019 no hay ni un solo documento de este tipo firmado en toda España. En 2018 fueron 12 y sólo uno con una entidad social, ubicada en Alicante.

De la dificultad de aplicar estas penas alternativas sabe mucho el profesor de Criminología y Derecho de la Universidad Internacional, el valenciano Juan Carlos Vega, quien hace cinco años dedicó su tesis doctoral a la aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad en las condenas por violencia machista. «En mi investigación me encontré con un doble problema: o bien se habían reforzado las ideas machistas o bien no había suficientes plazas», observa. Vega denuncia que el ministerio no da datos de cuántas penas acaban preescribiéndo sin que el maltratador haya cumplido la pena sustitutiva, pero, asegura que en el momento de su investigación se encontró con que los convenios eran muy escasos. «Al no haber convenios, podías encontrarte cualquier tipo de situación, hasta condenados que proponían al juzgado hacer de monaguillos los domingos en su iglesia».

El profesor defiende vías alternativas a la prisión para reeducar al maltratador, pero apunta que, de alguna manera, para que los trabajos en beneficio de la comunidad fueran efectivos, la actividad debe estar relacionada con el delito. «No sé cómo va a reeducarse alguien o tomar conciencia de que maltrata por su rol de hombre haciendo fotocopias», reflexiona el experto. Vega cree que la mejor fórmula es obligar al condenado a someterse a cursos de reeducación impartidas por personal especializado.

La coincidencia en un mismo espacio de víctima y agresor como consecuencia de la aplicación de estas medidas alternativas a la prisión es otra de las grietas del sistema. Peris ofrece datos en su proposición no de ley: en 2018 se adoptaron 27.093 órdenes de protección y, derivadas de éstas, se dictaron 65.725 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. La orden de alejamiento es una de las resoluciones más destacadas.

Sin embargo, se da la circunstancia de que cuando los ayuntamientos suscriben un convenio con Instituciones Penitenciarias desconocen la causa de la condena de la persona que va a prestar sus servicios como pena alternativa a la prisión. Y esta falta de información ocurre al margen de si el penado tiene una orden de protección. En teoría, el reo debe comprometerse a comunicar en el juzgado esta circunstancia, pero dicho compromiso resulta insuficiente. El riesgo real de coincidencia hizo en su día movilizarse a varios ayuntamientos de la comarca del Mitjà Vinalopó. La plataforma «El valle de la Igualdad» se ha pronunciado en contra de que las penas por delitos de violencia de género sean cumplidas de esta manera: «Queremos que los servicios públicos sean libres para ser utilizados por las mujeres víctimas de la violencia machista, minorando su temor de poder encontrarse a sus propios maltratadores», asegura la plataforma.

Laura Olmos, concejala de Igualdad de Monforte y una de las promotoras de la plataforma, incide en que el problema no son los trabajos en beneficio de la comunidad, sino el hecho de que se efectúen en el municipio de la víctima. Olmos narra a Levante-EMV que su plataforma detectó que agresor y víctima iban a coincidir por una casualidad y porque su municipio es muy pequeño, pero se pregunta cuántas veces puede repetirse esto.

Rosa Peris, en su moción, tiene en cuenta estas reflexiones y busca el acuerdo del pleno para dar soluciones. La primera es instar a la Generalitat a acordar con las diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a elaborar un plan que permita incrementar el número de plazas ofertadas y evitar la preescripción de las penas. Además, la diputada busca abrir un debate para que se garantice que cuando haya una pena por violencia de género y exista una orden de alejamiento, dicha pena sea comunicada a la víctima antes de aprobarse. Peris pide también que se incorporen programas de rehabilitación como instrumento para resocializar a los maltratadores.