Hace menos de un mes, el Consell de Botànic vivió uno de los días más tensos que se recuerdan con una negociación de los presupuestos de 2020 que a punto estuvo de forzar una seria crisis de gobierno y que acabó prácticamente en tiempo de descuento.
Lo hizo con un presupuesto presentado ante las Corts Valencianes en el que se tuvo que incluir sobre la bocina una fe de erratas para que los 50 millones asignados a la Conselleria de Innovación volvieran a la de Economía, es decir pasaran de una conselleria gestionada por los socialistas a otra en manos de Compromís tras una de las reuniones del Consell más tensas, salvando aquella en la que Puig decidió adelantar las elecciones autonómicas ante el enfado de la coalición valenciana. Pero como ya hubo bastante tensión dentro del Consell, los grupos parlamentarios que dan sustento al Botànic se han dado una tregua en las enmiendas a los presupuestos, cuyo plazo concluyó ayer por la tarde.
Los tres partidos (PSPV, Compromís y Podemos) presentan todas las iniciativas de forma conjunta y no hay ninguna en la que alguna formación se aparte de la unanimidad, como sí ocurrió en la ley de acompañamiento con el impuesto a la tasa del azúcar.
Es al final el proceso de enmiendas a los presupuestos más tranquilo para los partidos del Botànic después de que en la primera legislatura la presión de Podemos (hoy dentro del Ejecutivo) llegó a poner en un brete las cuentas de la Generalitat, que en 2018 salieron adelante en su tramitación con el apoyo de cuatro diputados que habían abandonado el grupo de Ciudadanos.
Las enmiendas presentadas por los partidos del Consell recogen cambios menores, 200.000 euros que pasan de ayudas a municipios con especial dificultad a otros en riesgo de despoblación; 25.000 para un congreso de comunicación local previsto en València y la misma cantidad para prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito local, así como 100.000 euros para luchar contra la plaga de la xylella o 200.000 para el fomento del trabajo entre autónomos.
El PP busca cambiar las cuentas
El PP ha presentado hasta 1.087 enmiendas parciales con el objetivo,a seguran, de evitar recortes sociales e impulsar las inversiones. En Educación, el PP quiere destinar 30 millones para la gratuidad de escuelas infantiles de 0 a 3 años, al aprendizaje de inglés y a ayudas a estudiantes de zonas rurales. Otras enmiendas van contra de lo que consideran adoctrinamiento en el aula, reforzando el papel de la Inspección Educativa, para garantizar la libertad de elección de centro de los padres y contra la «catalanización» y entrega de subvenciones a entidades que defiendan a personas condenadas por delitos tipificados en el Código Penal, según el PP.
Pide que no se destine dinero a la entidad Ramón Llull y otorgar los 150.000 euros a Cardona Vives, Lo Rat Penat y RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana).
En el área de Justicia, los populares exigen 3,7 millones para la construcción de edificios de la administración judicial en Alzira o Alicante, junto a varias enmiendas para asociaciones y colectivos víctimas del terrorismo. En Economía, proponen para el primer trimestre de 2020 la elaboración de un plan de reestructuración del sector público, en el que estén detallados los entes que se van a reducir y el ahorro que supondrá.
En Agricultura, el grupo popular pide recurrir todos los acuerdos del Ministerio para la Transición Ecológica que decidan enviar caudales mensuales por debajo de lo indicado en los informes técnicos aprobados en la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Y también obras contra inundaciones o el drenaje de la Albufera o más dinero para vivienda pública.
