La grabación original del interrogatorio como testigo de Isabel Bonig, presidenta del PPCV, por irregularidades en la gestión económica de la visita del papa a València revela la dureza de las preguntas y los razonamientos que planteó el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco. ¿El objetivo? Conocer quién y cómo se ordenó la liquidación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para saldar con dinero procedente de la Administración autonómica las deudas del evento.
Levante-EMV ha tenido acceso a parte de la grabación de la declaración de la semana pasada ante la jueza de Bonig. La dirigente popular fue citada en calidad de testigo por su condición de responsable del consejo de administración de la empresa pública Vaersa cuando fue consellera de Infraestructuras (2011-2015).
Vaersa gastó 850.000 euros en los preparativos de la visita de Benedicto XVI. Según consta en la causa, de esta cantidad, sólo 447.423,85 euros de gasto estaban amparados por los dos contratos suscritos entre el director de Vaersa en 2006 y la Fundación V encuentro mundial de las familias (Fvemf). El resto -519.011,65 euros- se abonó con dinero público cuando se liquidó la fundación.
Ante estos hechos, el fiscal Jesús Carrasco razona con Isabel Bonig lo siguiente. «265.000 euros por un lado, 519.000 por otro, más otras deudas que la fundación contrajo con otras empresas del ámbito jurídico privado, pero que también son objeto de investigación en este procedimiento, todo esto hace que estos pequeños trocitos de tarta al final son una pasta tremenda, en mi opinión y también creo que en el de la instructora».
El fiscal continúa con su análisis. «Esto se pagó con cargo a lo que el Gobierno autonómico cobra, a través de múltiples procedimientos, entre otros, impuestos directos a la gente que vive en esta comunidad autónoma, y se trata de investigar esto. Son pequeños trocitos de tarta, pero que al final hacen un gran pastel. Y aquí hay un pastel tremendo».
«Aquilatar el rigor»
Anticorrupción justificó su razonamiento en «intentar aquilatar el rigor» de las respuestas, a lo que Bonig respondió: «Le estoy diciendo que yo no tengo conocimiento. Yo no estaba en esa época, no contraté, no sé los expedientes ni la cantidad ni los conceptos. Insisto, heredo este problema y como consejera delegada mi obligación es que se paguen todas las deudas de Vaersa y eso hice».
Según la versión de Bonig, Vaersa envió por «carta certificada» hasta en dos ocasiones un documento a la fundación por el que requería el pago de la deuda. «No le puedo hablar sobre algo que desconozco» reiteró la dirigente.
«Dígame usted a quién le puede tocar la cabeza, porque aquí hay unos servicios prestados a la fundación, que están documentados, y que no se han reclamado, por arte de birlibirloque, permítame la expresión», le respondió el fiscal.
«Esto no deja de ser un arte de birlibirloque dialéctico para diluir la responsabilidad de quién la pueda tener (...) Hay tantas esquinas que la gente tiene muchas para esconderse», advirtió la Fiscalía. Bonig no llegó a mencionar ningún nombre sobre este asunto, sólo afirmó que ordenó a Enrique Simó, exdirector de Vaersa, cobrar la deuda.
«Perdóneme el chiste, pero su actitud es como decir o me pagáis u os perdono la deuda, vosotros veréis», ironizó el fiscal, a lo que Bonig respondió: «Jamás, porque la deuda se pagó».
En otro momento, el fiscal le pregunta si alguien le trasladó que Juan Cotino, exconseller, estaba al tanto de lo que ocurría en la fundación. Bonig dijo que no y el fiscal le respondió «no me diga que no, ¿no salió nunca a relucir su nombre». «Cotino fue mi predecesor, eso sí. A mí se me informó de la deuda y yo reclamé esa deuda».
«Dibuja usted un paraguas multicolor, no se quede en ese paraguas» respondió el fiscal. «Nadie me dijo, obviamente Cotino era conseller y había sido miembro del gobierno valenciano, pero nadie me dijo si estuvo o no estuvo en ese tema», repitió Bonig.
