La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) ha remitido un escrito al conseller de Educación, Vicent Marzà, en el que le reclama que se dicten «las instrucciones oportunas para la puesta en práctica de los procedimientos o protocolos adecuados para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos», informa Europa Press. En concreto, el escrito sostiene que es «necesario que, con carácter previo a cualquier intervención o presencia en las aulas u otras instalaciones de los centros educativos sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de colectivos, de organizaciones, empresas, instituciones o personas ajenas a los mismos con el objetivo de desarrollar actividades, talleres, programas, conferencias, charlas o sesiones se informe exhaustivamente y con antelación suficiente a los padres o tutores legales».

Ello con el fin, añaden, de que «las familias puedan valorar adecuadamente la conveniencia de la posible participación de sus hijos en este tipo de actividades, autorizándola expresamente, en su caso». Se trata de la fórmula del denominado pin parental que proponen el partido ultraderechista Vox y otras organizaciones ultraconservadoras como HazteOir para impedir actividades como talleres de educación sexual u otras que no sigan la moral que defiende la Iglesia católica.

Además, en la carta, que la entidad hizo llegar al Registro de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte el pasado mes de octubre, se alude a diversas normas que, a su parecer, respaldan esta petición. Entre ellas, aluden a la Constitución Española (artículo 27.3); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26.3); la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza (art.5.1); la Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art.14.3) «y otras normas nacionales e internacionales de diverso rango». Esta normativa establece que «a los padres les asiste el derecho fundamental de que sus hijos reciban una formación filosófica, pedagógica, religiosa y/o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y la jurisprudencia de diversos tribunales así lo reconoce también», sostiene la federación. En esta línea recalca que «el ejercicio pleno y efectivo de este derecho debe ser garantizado por los poderes públicos».

«La existencia de libertad de educación -prosigue la FCAPA- es la condición necesaria para el ejercicio real de este derecho fundamental». Además, la Federación señala que este derecho «se fundamenta en el hecho de que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos». Este principio, apunta, «se halla expresamente recogido tanto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE, art.4.2) como en la actual redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, art. 1 h bis y q)».

En esta misma dirección, afirma que el ordenamiento jurídico «reconoce expresamente el deber de neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito educativo (vid.art. 18 de la LODE)». «A la vista de la fundamentación jurídica aportada», la organización entiende que «para la salvaguarda de los derechos enunciados es necesario que, con carácter previo a cualquier intervención o presencia en las aulas de los centros educativos de colectivos, organizaciones, empresas, instituciones o personas ajenas a los mismos con el objetivo de desarrollar actividades, talleres, programas, conferencias, charlas o sesiones, se informe siempre exhaustivamente, y con antelación suficiente, a los padres, tutores legales o personas que detenten la patria potestad».

Apunta que «la información previa versará sobre los contenidos, materiales, objetivos y actividades a desarrollar, así como su duración y fechas de realización» y «será necesaria la presencia y participación permanente del tutor de los alumnos o de docentes propios del centro durante el desarrollo de la actividad». «Teniendo presente la confianza depositada en el centro educativo de nuestros hijos y en consonancia con la petición que hemos realizado a la conselleria, debemos conocer y autorizar previamente estas actividades. Consideramos fundamental que en estos casos siempre esté presente el tutor o algún docente del centro con el que los alumnos tengan contacto habitual», añade la Federación de padres católicos.