El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha ampliado la querella que presentó en el juzgado por presuntas irregularidades en la adjudicación de ayudas por el uso del valenciano en medios de comunicación social.

Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el PPCV pide que se impute al empresario de Castelló Enrique Juan Adell Bover, vecino de Vinaròs, como presunto autor de un delito contra la hacienda pública, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, y otro de malversación, previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal, "así como por aquellos otros delitos cuya comisión quede acreditada durante la instrucción del procedimiento".

Los querellantes consideran que este empresario, junto al hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig, "se han valido de distintos mecanismos para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior".

Para ello, afirma la querella, "se han valido de dos grupos empresariales: por una parte, el de Francis Puig, conformado por las mercantiles Más Mut Produccions SL, y Comunicacions dels Ports, a las que ya nos referimos extensamente en nuestro inicial escrito de querella".

Según el PPCV, "la primera y más evidente de las fórmulas ideadas para el fraude por los querellados es la doble justificación de los gastos de las sociedades -siendo que, además, muchos de ellos se corresponden con gastos fraudulentos-".

De este modo, relata la petición de ampliación de la querella, "obtenían subvenciones de varias Administraciones Públicas por los mismos conceptos y gastos, duplicando así las cuantías obtenidas".

Para ello "se valían de la presentación duplicada de las facturas tanto ante la Generalitat Valenciana como la Generalitat de Catalunya", así como "también de la doble imputación de las nóminas de los trabajadores de las sociedades".

Lo más grave, a juicio del PPCV, "es que en ocasiones los gastos que se presentaban en varias administraciones para justificar subvenciones por el mismo concepto y, por lo tanto, duplicadamente, se correspondían con facturas muy cuantiosas de otras sociedades del grupo que también habían sido subvencionadas por esos mismos conceptos, por lo que no solo duplicaban la subvención sino que incluso se podría decir que la triplicaban".

De la documentación analizada se desprende, según ha trasladado el PPCV al juzgado, "que se justificaron fraudulentamente solo mediante esta práctica importes por razón de, al menos, 545.396 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la adición total una vez practicados los oficios".

La declaración como imputados de Francis Puig y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, está prevista para el 10 de diciembre. No obstante, según diversas fuentes, podría suspenderse para que las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, revise la nueva documentación entregada.