29 de noviembre de 2019
29.11.2019
Tribunales

Un juez del "procés" tropieza con una entidad que recibió ayudas del Consell

Un informe policial recoge las adjudicaciones al fomento del valenciano, pero el juzgado descarta ampliar el caso

29.11.2019 | 00:06

El juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona y otras instituciones a fundaciones vinculadas al procés, se ha tropezado con la adjudicación de las ayudas de la Generalitat para fomentar el uso del valenciano en los medios.

Según confirmaron ayer fuentes conocedoras de la investigación, el juzgado recibió un informe policial en el que, entre otras cuestiones, recoge presuntas irregularidades en el uso que se dio a dos subvenciones concedidas por Educación a la sociedad Catmedia, entre 2016 y 2018, que suman 47.454 euros. Esta empresa está vinculada al exdirigente de ERC Joan Puig i Cordó.

Al parecer, ese informe de la Policía, entregado a la Fiscalía en una fase preliminar antes de que el asunto llegara al juzgado, recoge una serie de extracciones sospechosas. Por ello, el Ministerio Público lo remitió a uno de los juzgados que investiga la financiación del procés por si guardaba relación.

No obstante, al menos de momento, el juzgado no prevé ampliar la investigación ni revisar los criterios de adjudicación de estas ayudas por parte de la Administración valenciana, completaron ayer estas fuentes. De hecho, la columna vertebral de este causa se centra exclusivamente en hechos producidos en Barcelona, pues un juez catalán no puede investigar indicios de otro partido judicial que escape de su demarcación. En cualquier caso, estas fuentes matizaron que el juzgado tampoco se ha planteado de momento crear una pieza separada e inhibirse a favor de los juzgados de València tras recibir este informe policial, pues las sospechas de delito se centran en el uso de las subvenciones -en este caso el destino de las ayudas que se ha dado por parte de empresas domiciliadas en Barcelona- y no la adjudicación.

De hecho, según consta en el auto por el que el juez acordó el levantamiento parcial del secreto de sumario, al que ha tenido acceso Levante-EMV, desde el 30 de enero de 2019 la investigación está en manos de la Guardia Civil y no de la Policía Nacional.

En concreto, según el auto, el juez investiga «la irregularidad en la concesión de una treintena de subvenciones» concedidas por distintos entes «como Aquacat (Canal Olímpic) , Ferrocarrils de la Generalitat o el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya con una de las beneficiarias iniciales CATmon».

El PPCV anunció ayer que se personará, aunque parece poco probable que prospere, pues el juez no ampliara de momento el caso a la Comunitat. Sí sigue abierta la causa que investiga un juzgado de València por las ayudas al fomento de la lengua autóctona recibidas por las empresas de Francis Puig y Adell Bover.

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