La Audiencia Nacional juzgará a partir del 9 de marzo de 2020 el contrato adjudicado por Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a la trama Gürtel por la instalación de pantallas y equipos de sonido para la visita del papa a València en 2006, un servicio por el que Canal 9 pagó 7,4 millones de euros, pese a que se valoró en 3. Y las defensas de los principales acusados han empezado a fijar posiciones y estrategias ante la inminencia de su celebración.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, varios de los abogados personados en este procedimiento mantendrán la próxima semana una reunión para abordar posibles acuerdos de conformidad y así acogerse a los beneficios que prevé la legislación por admitir los hechos y devolver el dinero.
La reunión parte de la defensa de Pedro García, exdirector general de RTVV, quien se enfrenta a una petición de pena de 40 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Según esta información, García es uno de los acusados que estaría dispuesto a confesar los hechos ante los sólidos indicios recabados en los últimos años por la Policía, que le sitúan en una situación muy comprometida dentro del entramado.
Su futuro judicial es incierto y la Agencia Tributaria identificó en un informe incluido en el sumario el circuito financiero del que se valió para ocultar el cobro de una comisión de 500.000 euros a cambio de este contrato. La decisión final no se ha tomado y en ella influirá la posición del resto de acusados.
A este encuentro han sido convocadas diversas defensas, entre las que se encuentran las del denominado grupo Correa o la del exconseller Juan Cotino, aunque no significa que vayan a seguir los pasos de García, precisaron fuentes jurídicas.
La pieza separada de la trama Gürtel valenciana que analizó el contrato y su adjudicación es una de las investigaciones contra la corrupción más importante de los últimos años, pues el Consell de Alberto Fabra acabó cerrando la televisión pública por la desastrosa gestión de aquellos años, entre otros motivos.
El caso se ha instruido al margen de la investigación que en la actualidad dirige un juzgado de València por irregularidades en la gestión económica de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente que organizó la visita, pese a que emanan del mismo procedimiento.
Entre los acusados figura Juan Cotino, Pedro García, los integrantes de la mesa de contratación de RTVV, así como los miembros del grupo Correa: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.
A García, la Fiscalía le atribuye delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación continuada o blanqueo de capitales, entre otros. La Audiencia Nacional fijó fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades que puedan declararse en sentencia y considera a la organización del encuentro, en la que se integró el Arzobispado, partícipe a título lucrativo, por lo que la sanción que tendrá que abonar se dictaminará en la misma resolución.
Salvo la pieza que juzgó a Francisco Camps por los trajes, la única en la que ha participado un juzgado popular, el resto de juicios ha acabado con elevadas condenas tras las confesiones de Ricardo Costa o del propio grupo Correa. Este contexto ha empujado a García a plantearse esta estrategia, aunque implique reconocer que cobró 500.000 euros en comisiones a cambio del contrato de RTVV.
Según esta información, el clima para la negociación es favorable y el acuerdo que García busca se da por hecho, porque está en un callejón sin salida. De las diligencias practicadas se desprende que Cotino no era un voluntario más, sino el «factótum» del evento. No obstante, parece poco probable que finalmente Cotino confiese y se sume a esta estrategia.
Correa, Crespo y Pérez ya están en prisión y han abordado sus juicios con acuerdos de conformidad para obtener beneficios en las sentencias. La Audiencia Nacional ha apreciado recientemente por primera vez el atenuante de dilaciones indebidas en la rama de Gürtel en Jerez y ha rebajado la pena a Correa hasta los tres años de prisión. Esta circunstancia podría actuar como elemento disuasorio para sumarse a la conformidad que negocia García.
Pero, exista acuerdo o no, quien sí ha avanzado ya que declarará en el juicio y tirará de la manta es Álvaro Pérez. De hecho, su declaración en el juicio de la financiación irregular del PP de Camps fue toda una declaración de intenciones: «Hablar de la pieza de la visita del papa es el tercer testamento».
