Uno de los episodios negros de la historia de la Generalitat en Alicante abre un nuevo capítulo esta semana tras 20 años de lucha. Los vecinos cuyas viviendas fueron expropiadas por Ciudad de la Luz en el año 2000 comienzan a ver el final del túnel. El próximo miércoles, la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana deliberará y decidirá sobre la ejecución de la sentencia de la expropiación de la Ciudad de la Luz. Tres millones de metros cuadrados de los que solo se construyó un millón.
El mareo de Generalitat
Ricard Sala es el abogado de algunos de los 30 afectados que aún luchan por un acuerdo justo: «Las incongruencias de Generalitat son llamativas, plantean devolver todos los terrenos, pero implantan allí mismo la Conselleria de Innovación y una serie de empresas en lo que llaman Distrito Digital». Por otro lado, se encuentra la cuestión de las indemnizaciones: «Una vez que la expropiación se declaró ilegal, todo el proceso también y por tanto las tasaciones, que los vecinos ya denunciaron como injustas en su momento», apuntó Ricard.
El magistrado responsable del caso asignó a los afectados un perito judicial que desde hace casi dos años recabó información sobre las características de las viviendas , parcelas y negocios para facilitar una nueva tasación que «dista mucho del dinero que nos dieron en su día», explicó José Manuel, empresario damnificado. «Queremos que nos indemnicen según la peritación que realizaron los profesionales designados por el juez. Hasta ahora, nos hemos atenido al justiprecio, pero aquello no fue satisfactorio y así lo reflejamos», añadió el expropiado, a quien le alcanzó la jubilación en mitad de toda la batalla legal. Con esta nueva información aportada por los afectados y sus abogados, el TSJ valenciano tendrá que dar una respuesta el próximo miércoles.
Una cita que espera impaciente, Juan Antonio Box, uno de los vecinos más perjudicados. Box tuvo que abandonar su restaurante familiar inaugurado en 1953: «Yo vivía en la parte de arriba del restaurante y de ahí me fui a vivir a una habitación a casa de mis suegros. Tuve que llevarme donde pude el mobiliario del local, que se echó a perder. Acabamos en la calle sin trabajo, mi mujer, los cinco empleados a mi cargo y yo. La tasación fue irrisoria».
Aunque han pasado dos décadas la frustración no los abandona: «Nunca han hecho nada por nosotros, simplemente alargar la situación. Somos unas hormiguitas que están chafando. Estamos perdiendo dinero y salud», explicó Box, quien hizo hincapié en la inversión económica realizada durante estos años en abogados y peritos.
Lo mismo le ocurrió a Pablo Lázaro, un vecino que poseía un negocio de grúas y una casa en primera línea de la carretera de Aguamarga: «Si mis terrenos hubieran servido de verdad a la sociedad y hubiesen tenido una utilidad..., pero no construyeron nada». Los afectados coinciden en la impotencia de todo lo perdido: «Algunos vivían de alquiler y a cambio les dieron una casa propia, pero en muchos otros casos tiraron por tierra el sacrificio de años para levantar una empresa y un hogar con nuestras propias manos», sentenció Lázaro.
