La discriminación que sufren los valencianos es doble. A la ya conocida infrafinanciación, que provoca que la Comunitat Valenciana siga a la cola en el reparto de los recursos públicos en España, se une otra que el Gobierno valenciano lleva meses denunciando y que se conoce como «dumping fiscal», una competencia desleal en toda regla que ponen en práctica autonomías mejor financiadas, como Madrid, ahora gobernada por PP y Cs con el apoyo de Vox.
Consiste en promover bajadas de impuestos a empresas y grandes fortunas, aprovechando su mejor financiación, lo que les permite atraer firmas o herencias valencianas que buscan ahorrarse el máximo posible de impuestos.
Unos impuestos que la Comunitat Valenciana tiene muchísimo más complicado bajar, porque depende de esos ingresos para no agravar aún más su delicada situación financiera tras años de infrafinanciación y poder atender los servicios públicos fundamentales.
Esta semana, las Corts ha condenado esa práctica del «dumping fiscal» con los votos favorables de los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el rechazo de la oposición, PP, Cs y Vox.
Además, el Consell ha difundido cifras del dinero recuperado por falsas domiciliaciones en Madrid, unos fondos que han vuelto a las arcas valencianas tras una campaña junto a la Agencia Tributaria, que ha rastreado lo que llama deslocalización de contribuyentes, es decir, cambios de domicilio especialmente a Madrid para ahorrarse en la mayoría de casos impuestos de sucesiones o patrimonio. En concreto se han recuperado 14 millones de varios contribuyentes al detectarse cambios fraudulentos de domicilios. La inspección verificó que el traslado era falso, al acreditar que los promotores seguían residiendo en la Comunitat Valenciana.
Fuentes del Consell apuntan que la lucha contra el fraude había sido abandonada en tiempos del PP y calculan que el «perdón fiscal» pudo llegar a 300 millones. En la lucha contra el fraude, la Generalitat ha recuperado 63,3 millones de euros desde 2016. En aquel año, el Consell promovió el plan contra el fraude en el impuesto de patrimonio. Se realizó una campaña de requerimientos masivos, en la primera vez en la historia de la Generalitat que se ponía en marcha esta iniciativa, que se ha mantenido en los años posteriores.
De las recuperaciones destaca que en aquel año 5,5 millones llegaron por propia iniciativa de los contribuyentes, que, al constatar que la Generalitat sí estaba actuando contra la evasión, se personaron en las oficinas de Hacienda para pagar. Incluso se dio el caso, relatan fuentes conocedoras, de contribuyentes que acudieron con la página de este diario que informaba de la nueva política del Consell contra el fraude fiscal. En años posteriores se han recaudado cerca de 23 millones más.
El Consell también ha puesto en marcha el Plan de Actuación de Protocolos No Autoliquidados (Papna), una operación que tiene como objeto detectar a los ciudadanos que tienen la obligación de realizar autoliquidaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pero no las han presentado. Así, se cotejan las escrituras firmadas con las autoliquidaciones que se han presentado para detectar aquellas en las que no se abonó después el impuesto.
Así se han recuperado otros 24,4 millones y la cifra de un millón de 2016 se ha superado todos los años al reintegrarse otros 23 en los siguientes, siete en el último. Además, se han realizado otras actuaciones que han permitido recuperar otros 11 millones de euros, según el Consell. Y esta semana, el presidente, Ximo Puig, ha asegurado en las Corts a una pregunta de Compromís sobre la hoja de ruta para consolidar la reforma fiscal aplicada en la Comunitat Valenciana desde 2017 que la lucha contra el fraude fiscal es un compromiso ineludible del Botànic.
El jefe del Consell asegura que la reforma tributaria dio la vuelta a la política fiscal valenciana heredada del PP, que era la más regresiva de España. Un sistema injusto que implantaba decenas de deducciones de impacto irrisorio para vestir una bajada de impuestos a las clases medias que no era tal y que además se implantó en los años más duros de la crisis.
Un millón y medio pagan menos
Con la reforma, 1,5 millones de contribuyentes valencianos pagan menos y 60.000, más. Además, en 2018 se produjeron 187.000 herencias en la C. Valenciana y el
88 % no pagó un euro. De los restantes solo el
3 % abonó mas de 5.000 euros.
Puig pone en contraposición esta reforma con la del gobierno andaluz (PP, Cs y Vox) que pese a prometer un programa de bajada de impuestos, solo las ha aminorado, pero para las herencias de más de un millón.
