Las asignaciones económicas que se reparten los grupos políticos por su presencia en las instituciones son objeto recurrente de controversia por las diferencias de interpretación y las triquiñuelas que a menudo dificultan la posibilidad de seguir el rastro de un dinero del que se nutren los partidos para su funcionamiento cotidiano.
La cuestión ha sido motivo de varios debates en el seno de la Diputación de València, cuya junta de gobierno acordó recientemente por unanimidad intensificar el nivel de detalle y el control sobre estos gastos, tras detectar una «falta de concreción» sobre algunos aspectos como el pago, la justificación y la forma en la que los grupos llevaban su contabilidad. Como telón de fondo: una «parca regularización» estatal que impedía «el cumplimiento eficaz de la norma y el principio de transparencia», según expone la resolución a la que ha tenido acceso este diario.
Si se compara con el anterior reglamento aprobado hace dos años, la nueva ordenación introduce un apartado novedoso dedicado exclusivamente a aclarar cómo han de acreditarse los gastos. El texto deja en manos del portavoz de cada grupo la responsabilidad de justificar el uso de los fondos, a través de un sistema de contabilidad específica, de acuerdo con un modelo marco. Para la comprobación de los pagos y cobros, será obligatorio aportar el extracto bancario y las facturas o justificantes, considerándose válidos aquellos «aceptados en el tráfico mercantil» que se correspondan con suministros o prestaciones de servicios. El importe no gastado al cierre del ejercicio deberá ser reintegrado a las arcas de la corporación provincial.
El documento resalta que las asignaciones pueden destinarse a «cualquier gasto de funcionamiento propio del grupo político provincial», especificando como tales los servicios de infraestructura (como el alquiler de un local), asistencia técnica, asesoramiento y consultoría, una cuestión que suscitaba confusión.
El acuerdo incorporó una enmienda de Compromís que obliga a los grupos a justificar las transferencias de dinero efectuadas al partido con una certificación del responsable del mismo, junto con una memoria anual que acredite las actividades desarrolladas para el grupo en el periodo correspondiente y el destino finalista del ingreso. Cada formación ha de presentar toda la documentación antes del 1 de marzo para que pueda presentarse al Pleno de la diputación, previo informe de Intervención. En esta legislatura, los grupos se reparten un complemento fijo de 8.879 euros que se suma a otro variable de 4.935,29 euros por cada uno de los diputados que integran su bancada. La ley no precisa el destino de la dotación económica, si bien establece dos prohibiciones: no pueden usarse para pagar remuneraciones de personal ni para la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Desde 2016, el Portal de Transparencia de la diputación no publica la relación de ingresos y gastos de los grupos políticos. La información aireada incluye balances de sumas y saldos y extractos bancarios, aunque muchos movimientos no quedan claros.
Unificación de criterios
La polémica por los gastos sin justificar sigue estando muy presente en el debate político en otras instituciones como la Diputación de Alicante -donde se ha alcanzado un acuerdo similar- o las Corts. En 2018, el Consell de Transparència instó a la Diputación de València a entregar información sobre la contabilidad y el destino detallado de las subvenciones a los grupos. Ese año, Intervención apreció pequeños gastos no justificados en dietas, lo que condujo a los partidos a pedir una unificación de criterios para aclarar la forma de acreditarlos, ante las diferentes interpretaciones jurídicas existentes.
