«Hay que restar todos los agravios que se vienen aplicando a los centros concertados, como la reducción de ratios». Así defendió ayer el diputado del PP Miguel Ángel Sánchez una moción de apoyo a la educación concertada. Las declaraciones generaron un amplio revuelo en el pleno de la Diputación de Alicante. La oposición preguntó si había sido un lapsus y el diputado se reafirmó en sus declaraciones, insistiendo en que «reducir el número de alumnos es un agravio para la concertada». El equipo de gobierno en la Diputación sacó adelante, con el voto de calidad del presidente Carlos Mazón, una moción de apoyo a la educación concertada y contra las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que dijo que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza», que emana del artículo 27 de la Constitución.

La ausencia del diputado Bernabé Cano provocó que en la votación los dos socios de gobierno empataran a 15 votos con PSPV y Compromís, por lo que fue el voto de calidad de Mazón el que permitió dar luz verde a la propuesta.

El diputado Miguel Ángel Sánchez Navarro reclamó la libertad de enseñanza y señaló que los padres tienen «derecho preferente sobre la educación que deberán recibir los hijos». También criticó las últimas declaraciones de Isabel Celaá y consideróo que con ellas «se pone en riesgo la educación concertada por políticas de izquierdas».

Asimismo, defendió los centros concertados como «necesarios» y «muy eficientes». Además, acusó a Vicent Marzà de atacar «año tras año» a la educación concertada, lo que, a su juicio, esconde «una agenda oculta contra este tipo de educación». En esa línea, el diputado de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, rechazó la «aversión a la concertada» y se mostró como firme defensor de la libertad educativa.