El educador condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados a una menor tutelada por la Generalitat ha dejado de trabajar en el centro de acogida de València donde se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017. Según ha podido saber este diario, el monitor -exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra- no está acudiendoya a su puesto en el hogar infantil de gestión privada, si bien los responsables del mismo no se han pronunciado sobre los hechos ni han aclarado si han adoptado medidas contra el condenado o si este ha abandonado el complejo por decisión personal.
La propia Oltra comunicó al centro que debía acatar de forma inmediata la sentencia dictada el lunes por la Audiencia de València, que no es firme y admite recurso de apelación. En el entorno de la vicepresidenta confiaban ayer en el cumplimiento preventivo del fallo a todos los efectos.
Desde el departamento que dirige Oltra, sin embargo, no han precisado en qué punto se encuentra la concesión del servicio de acogida de niños y adolescentes protegidos por la administración autonómica en el centro en cuestión. Los convenios de este tipo se renuevan cada dos años.
Según ha podido comprobar Levante-EMV, la entidad responsable del complejo en el que se produjeron los abusos se adjudicó en 2018 la gestión de 24 plazas públicas de menores tutelados de 6 a 17 años por un importe de 711.150 euros. El periodo inicial de ejecución del servicio era de doce meses.
En el marco de ese concurso, valorado en un montante de 17 millones de euros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asignó en julio del año pasado un total de 260 plazas de atención general residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana a un total de 15 asociaciones y fundaciones encargadas de la gestión. La entidad titular del centro donde se han producido los abusos se adjudicó el mayor número de plazas en el lote más numeroso. El pliego correspondiente a la concesión obliga a los beneficiarios a «cumplir las obligaciones y derechos de la infancia» y a contar con un plan de autoprotección.
El PP pide comparecencias
El martes, Oltra avaló la actuación del hogar infantil en cuestión tras el caso de abusos. La vicepresidenta defendió que el centro reaccionó de forma adecuada, apartó eventualmente al monitor, entrevistó a la menor (sin preguntar por los abusos, según la sentencia) y notificó los hechos a la conselleria. El departamento autonómico envió a una especialista para evaluar la situación y tras la visita se decidió no llevar a cabo más actuaciones. La sentencia cuestiona que ni la directora del centro ni la psicóloga de la conselleria preguntaran a la menor de 14 años por los abusos en las entrevistas que mantuvieron con ella. Tampoco pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El acusado siguió trabajando en su puesto tras ser imputado por los hechos, mientras que la menor bajo tutela de la Generalitat fue trasladada a otras dependencias tras un incidente con otra interna.
La síndica del PP, Isabel Bonig, pidió ayer la comparecencia no solo de Oltra, sino también de Ximo Puig. «¿Dónde está Puig ahora?», preguntó, ya que hay «un único Gobierno» y el responsable es él. El PP ya solicitó el día de antes una comisión de investigación. Oltra, dijo, «debería aplicarse su propia medicina y su propia responsabilidad política, porque la hay».
