La patronal catalana Foment de Treball propondrá a las administraciones implicadas en la gestión de las infraestructuras un canon de explotación de las vías de alta capacidad a medida que concluya la concesión de las autopistas. La propuesta incluye la creación de un organismo de gestión de ese canon en el que participen la administración central, la autonómica -en función de los kilómetros aportados a esa gestión- así como la propia patronal catalana «para hacer de puente entre los dos niveles de la administración», defiende el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Este modelo consorciado se plantea para la gestión de cercanías, puertos y aeropuertos. «Consideramos que el mejor modelo de gestión es el del kilómetro cero», precisa el responsable de infraestructuras de la patronal, Joaquim Llansó.

El próximo 31 de diciembre concluye la concesión del tramo de la autopista AP7 entre Alicante y Tarragona, y en julio del 2021,entre Tarragona y la Jonquera, así como el Barcelona-Zaragoza de la AP2. Foment plantea que una vez acabada la concesión y el peaje actual «se tiene que establecer un canon de explotación que permita el mantenimiento de la vía. Como indican las normativas europeas: 'quien usa paga' y 'quien contamina, paga' en euros por kilómetro», recuerda Llansó. Los cálculos de la patronal catalana establecen que entre un 20 % y 25 % del coste de los peajes actuales -una recaudación de 1.200 a 1.300 millones de euros- se podrían conseguir». Habría ingresos suficientes para hacer frente al mantenimiento de las vías, así como al pago de las concesionarias que todavía no hayan devuelto la concesión», defiende el responsable de infraestructuras.

La propuesta de la patronal se diferencia de la viñeta que propone la Genralitat de Catalunya en tanto que esta se pagaría con antelación en función de los kilómetros previstos de recorrer. El canon, en cambio, se aplicaría en función de los kilómetros recorridos. «Hay fórmulas tecnológicas que así lo permiten. En Portugal se utiliza el lector de matrículas, pero las concesionarias españolas ya disponen de mecanismos de control a través del móvil», describeLlansó. Foment considera inevitable que se aplique una fórmula para compensar los costes de mantenimiento de las carreteras del Estado, que generan un déficit de 8.000 millones de euros.