El tijeretazo a los sueldos de los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, aprobado el 1 de junio de 2010, podría costarle a la empresa pública un total de 25 millones de euros, según recoge el último «Informe de auditoría de regularidad contable. Ejercicio 2018» realizado por la Intervención General, de la Conselleria de Hacienda.
Los recortes a los trabajadores de FGV, como al resto de trabajadores y funcionarios del sector público, se aprobaron «en virtud de las medidas aprobadas por la Administración del Estado para combatir el déficit público a través del decreto ley 3/2010 del 4 de junio» y trasladado por la Generalitat a la Comunitat Valenciana para «reducir en un 5% los salarios de los empleados y funcionarios de la administración autonómica valenciana y de las entidades y empresas de ella dependientes», según recoge el informe del órgano fiscalizador. El tijeretazo fue «aplicado por FGV con efectos del 1 de junio de 2010». Una decisión que el comité de empresa de FGV «no considera ajustada a derecho» porque defendía que el decreto ley del tijeretazo a los salarios no debía aplicarse a la empresa pública. Por ello, el comité de empresa de la empresa pública ferroviaria planteó «una demanda judicial solicitando la anulación de dicha medida en FGV» a la que se sumaron en 2011 «un importante número de demandas individuales y colectivas en el mismo sentido».
Sin embargo, ocho años después todas las demandas están «actualmente paralizadas, a la espera de que el Constitucional resuelva todos los recursos que tiene pendientes sobre la constitucionalidad de esta legislación». La Intervención General recuerda al respecto que «hasta ahora sus pronunciamientos han sido desfavorables a los recurrentes, por lo que no es probable un cambio de opinión del alto tribunal».
Sin embargo, el órgano fiscalizador advierte de que «en el caso de que fueran estimadas dichas demandas, esta entidad [FGV] deberá asumir un mayor gasto de personal, imputable a devengos de los ejercicios 2010 a 2018 que se estima en 25.175.000,00 euros, y cuyo pago no se considera probable, a la vista de los antecedentes judiciales», concluye la Intervención General en el informe de cuentas de FGV de 2018.
Respecto al despido colectivo de 310 trabajadores ejecutado en FGV en 2013, algunos trabajadores también recurrieron judicialmente el «plan de prejubilaciones» aprobado durante el expediente de regulación de empleo (ERE) que «garantizaba el 80% del salario neto regulador a personal afectado» porque no estaban de acuerdo «con el cálculo de este salario neto». Al respecto la Intervención señala que «cabe la posibilidad de que se reciban demandas por parte de trabajadores que no las han formulado todavía, aunque no es probable» por lo que estima que si prosperaran la demandas tendrían un coste para la empresa de 100.000 euros.
Proyectos en Altea y Vila Joiosa
La Generalitat también informó ayer de la licitación de la redacción de diferentes proyectos de construcción que permitirán mejorar las condiciones actuales del trazado de la Línea 1 (Luceros-Benidorm) y la Línea 9 (Benidorm-Dénia) del Tram d'Alacant, en el tramo comprendido entre la Vila Joiosa y Altea. El presupuesto de licitación para elaborar ambos proyectos asciende a 961.950 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución inicial es de 14 meses. Los contratos permitirán delimitar «en qué puntos se puede duplicar la vía, según las condiciones urbanísticas y técnicas existentes» ya que «los tramos entre la Vila Joiosa y Benidorm y Benidorm-Altea son de vía única, salvo puntos concretos».
