La Inspección de Trabajo ha vuelto a apremiar a Divalterra para que se acondicionen a la normativa vigente en materia seguridad, salud e higiene las bases operativas donde se asientan las 56 brigadas de la provincia. Aunque en febrero de 2018 la empresa pública dio 3 meses a los ayuntamientos para adaptarlas a la ley, casi dos años después sigue sin actuarse en muchos puntos y persisten las deficiencias denunciadas por los sindicatos. El consejo de Divalterra acordó a finales de octubre adoptar medidas «para el cumplimiento de la legalidad» en los locales. El presidente de Divalterra, Ramiro Rivera, asegura que la empresa ha establecido un «calendario de actuaciones» en colaboración con la Inspección de Trabajo para cumplir la normativa «lo más rápido posible», primando la cercanía de los puntos de trabajo y las zonas rurales. Rivera avanza que la base más conflictiva, la de Riba-roja, va a trasladarse a unas naves cedidas por la diputación en el antiguo psiquiátrico de Bétera, donde se instalarán dos brigadas y dos equipos de trabajo en los locales del Consorcio de bomberos. La actual instalación es compartida con la brigada local de obras, carece de zonas diferenciadas por sexos y solo dispone de un lavabo y una ducha para 40 trabajadores.
