Uno de cada cuatro altos cargos de la Generalitat cobra en la actualidad la indemnización por residencia, un complemento salarial conocido en su día como el 'plus del pisito' aprobado por la Administración Zaplana hace casi 25 años y que fue objeto de controversia dada la ambigüedad de su redacción.
El plus retributivo, que el Gobierno popular acordó con idea de compensar a los altos cargos provenientes de Alicante, nunca fue regulado, de modo que dio pie a excesos. Excesos que fueron denunciados con gran insistencia por el grupo socialista en las Corts, entonces en la oposición.
De hecho, en 2012 la izquierda consiguió que los populares (que entonces gozaban de mayoría absoluta) apoyaran una propuesta de las Corts en las que se instaba al Ejecutivo a aprobar un decreto para regular la percepción de este sobresueldo.
El acuerdo aprobado por el Consell en septiembre de 1995 acogía la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia, pero el texto era y sigue siendo tan vago y escueto que, según confirman actuales cargos de la Generalitat, permite ser percibido sin un control efectivo. Es más, su aplicación por el Botànic ha generado dudas en algunas subsecretarías responsables de concederlo.
En teoría, el acuerdo del Gobierno popular amparaba el cobro de este complemento solo para "los miembros del Gobierno valenciano y los altos cargos designados por decreto del Gobierno valenciano o de su presidente que se vean obligados a cambiar su residencia habitual como consecuencia del mencionado nombramiento". Se establecía además que este complemento no podía suponer más del 14 % del valor de sus retribuciones al año.
Para disfrutar del plus del pisito, el alto cargo debe vivir "a determinada distancia" de la capital ya que el objetivo es compensar los gastos por los desplazamientos y el cambio de vivienda.
En su día, el PSPV exigió unos criterios objetivos para concederlo. El entonces diputado socialista Rafael Rubio se preguntaba en las Corts "por qué habría que pagarle a un exconseller la compra en parte del piso en València" y recordaba que "varios altos cargos con domicilio en Borriana se trasladaban diariamente a València y viceversa en coche oficial, pero cobraban el plus".
"Sí hay que abonar estos gastos, pero hay que estipular unos criterios objetivos de manera que se cuente con un sistema de control efectivo", argumentaba el socialista.
Tres años después, socialistas y Compromís llegaron a la Generalitat y sus altos cargos tuvieron la opción de acogerse al plus del pisito. Fuentes del segundo escalón explicaron a este diario que algunas conselleries hicieron consultas y que la Abogacía de la Generalitat sugirió de forma informal que para acogerse a este plus los altos cargos debían aportar un certificado de empadronamiento.
Sin embargo, no existe norma que contemple esta exigencia ni ninguna otra documentación que acredite que, por ejemplo, que a pesar de que alguien esté empadronado fuera de la capital, no viviera ya, antes de ser nombrado cargo en València. O que, como en su día denunció el PSPV cada día el alto cargo vuelva en coche oficial a su residencia.
A medio año de arrancar el Botànic II, el portal de Transparencia de la Generalitat da cuenta de que 35 altos cargos y consellers de los 137 en nómina, perciben en estos momentos el complemento por cambio de residencia.
Fuentes de Presidencia consultadas por este diario (departamento del que en su momento surgió el acuerdo) admiten que el acuerdo no se regulado y que, en principio, sólo se pide el certificado de empadronamiento. Las mismas fuentes reconocen que el decreto es muy ambiguo, pero consideran que sería muy complicado regularlo.
Así, defienden la filosofía de que hay que compensar de alguna manera a quienes vienen de fuera y tienen que trabajar en la capital. También debe tenerse en cuenta el tipo de puesto y la dedicación, apuntan.
La otra incógnita es la distancia a partir de la cual se puede solicitar. Algunas fuentes apuntan que se fijó en 60 kilómetros, aunque hay cargos que en la actualidad lo cobran que viven a menos distancia de la capital. Y es que en muchos departamentos las dudas son importantes sobre el control de este gasto. Algunas subsecretarías han bloqueado la concesión al no ver claro que se vaya aplicar correctamente y el asunto ha sido objeto de tensiones internas.
Presidencia es el departamento que más cargos tiene acogidos al plus: siete, incluido el presidente Ximo Puig, que empezó a cobrarlo cuando alquiló una casa en València. Los consellers Vicent Marzà, Ana Barceló, Rafael Climent y Mireia Mollà lo cobran. A todos les supone unos 9.000 euros más al año.
Listado de altos cargos
Listado de altos cargos Este es el listado de altos cargos que reciben la indemnización por residencia:
Presidencia
Presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Subsecretario, Emili San Pio.
Secretario autonómico de Promoción Institucional, Alfred Boix.
Directora general de Diálogo Social, Zulima Pérez.
Director general de Antidespoblación, Jeanette Segarra.
Director general de Análisis, Ana Berenguer.
Vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad
Subsecretario, Daniel Mestre.
Secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.
Directora general de Acción comunitaria, María José Cortell.
Dierctora general de Personas Mayores, Mercedes Santiago.
Vicepresidencia segunda y Conselleria de Igualdad
Directora general de Coordinación Institucional, Angela Ballester.
Director general de Calidad, Rehabilitación y Eficencia Energética, Jaume Momfort.
Conselleria de Hacienda
Interventora General, Amparo Adam.
Directora general de Tributos, Rafael Beneyto.
Conselleria de Educación
Conseller Vicent Marzà.
Director general de Formación Profesional y Enseñanza Especial, Manuel Gomicia.
Directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés.
Conselleria de Sanidad
Consellera Ana Barceló.
Conselleria de Economía
Conseller Rafael Climent.
Secretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró.
Secretario autonómico d eempleo, Enric Nomdedéu.
Directora general de Internalización, Maria Dolores Parra.
Directora general de Comercio, Rosa Ana Seguí.
Conselleria de Cambio Climático
Consellera Mireia Mollà.
Director general del Agua, Manuel Aldeguer.
Conselleria de Política Territorial
Conselleria Arcadi España.
Subsecretario Rafael Francisco Briet.
Director general de Urbanismo, Vicente Joaquín García Nebot.
Director del Institut Superior de Enseñanzas Artísticas, Josep Manel García.
Conselleria de Participación y Transparencia
Subsecretario Cristian Veses.
Directora general de Participación Ciudadana, María Jesús Pérez.
Director general de Calidad Democrática, José Ignacio Pérez Rico.
