La Conselleria de Obras Públicas deberá pagar 3,1 millones de euros por unas obras que nunca han llegado a construirse por la falta de disponibilidad de los terrenos. Así lo ha decidido la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que ha condenado a la antigua Conselleria de Infraestructuras (actualmente Obra Públicas) a pagar 3,1 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA y Enrique Ortiz e hijos contratista de obras SA, adjudicataria de las obras de la «Fase I del nuevo acceso al puerto de València» del que se construyeron los viales de salida, pero no los de entrada. La UTE ha estado representada en recurso contencioso-administrativo por el abogado Pedro María García Capdepón.

El concurso se adjudicó el 14 de noviembre de 2007, por la Conselleria de Infraestructuras cuando estaba dirigida por Mario Flores, e incluía la construcción de una nueva conexión entre el barranco del Carraixet y la Universitat Politécnica. El nuevo vial permite circular desde la avenida Ingeniero Fausto Elío -el linde entre los barrios de la Malva-rosa (distrito de Poblats Marítims) y la Carrasca (distrito de Algirós)- hasta la Patacona y Port Saplaya sin pasar por la V-21. Y, aunque no incluía ninguna conexión directa al Puerto de València (que se demoraba para una segunda fase en túnel) el proyecto se «vendía» como la fase I del acceso norte al puerto de Valencia pero se sustituyó por el de «nuevo acceso al enlace Almàssera-Alboraia desde la V-21» para evitar las críticas de los vecinos de la Patacona, Port Saplaya y la Malva-rosa que no querían una autovía junto a sus casas.

Sin embargo los problemas comenzaron pronto ya que, según consta en la sentencia del TSJCV, desde el 12 de marzo de 2008 hasta el 15 de junio de 2010 se produjo una «suspensión total» de las obras «por falta de disponibilidad de los terrenos para el inicio de las obras». Durante estos dos años también se produjo un «modificado de contrato, sustentado en la necesidad de variar el trazado» de la nueva autovía.

En 2010 se retomaron las obras, aunque con numerosas vicisitudes como paralizaciones parciales, nuevos modificados, prórrogas del contrato y la única construcción del «tronco norte» (el que se puso en servicio) y la paralización total del «tronco sur» que nunca llegó a construirse.

Finalmente el 4 de agosto de 2014 la Conselleria de Infraestructuras, dirigida entonces por Isabel Bonig, decide desistir del contrato ante la imposibilidad de construir el ramal de entrada del «nuevo acceso al puerto» por la falta de disponibilidad de los terrenos y decide indemnizar a la UTE Acciona-Ortiz con 65.320,41 euros. Una decisión que las constructoras recurrieron inicialmente por la vía administrativa y después por la vía judicial, que ha acabado por darles la razón.

Finalmente la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo condena a la actual Conselleria de Obras Públicas a pagar a la UTE Acciona-Ortiz 2,6 millones de euros por daños y perjuicios, los 65.320,41 euros por lucro cesante, otros 336.262,10 euros por revisión de precios, otros 47.307 euros por trabajos no previstos, que suman los 3,1 millones de la cantidad a abonar finalmente.