La instrucción judicial del cártel del fuego, el procedimiento que investiga a un grupo de empresas por pactar precios e influir en el valor real de las adjudicaciones de servicios relacionados contra los incendios forestales en varios territorios, no deja de arrojar datos curiosos sobre el funcionamiento de la trama y sus colaboradores más cercanos.
Levante-EMV ha tenido acceso a la grabación de la declaración como testigo ante el juzgado de Gloria A.A., una experta en parapsicología que formó parte del consejo de administración de sociedades vinculadas al grupo Avialsa, la empresa que dirigía la organización desde Sagunt, y del círculo más próximo de su propietario, el empresario Vicente Huerta. El magistrado-instructor, el juez Héctor Santamaría, la citó porque su nombre había aparecido entre las sociedades de la trama y una de sus abogadas sin saber muy bien por qué.
«Yo soy administrativa pero desde hace años ejerzo como parapsicóloga», contó al juez durante los primeros minutos de su declaración. «Vale... su actuación profesional ha consistido en ser administrativa...», insistió el instructor sorprendido ante lo que escuchaba. Pero la testigo reiteró su primera respuesta, «eso hace ya bastante tiempo, pero desde hace más de 20 años tengo un gabinete de parapsicología».
El juez no profundizó en sus conocimientos en ciencias ocultas pero sí en la maraña de negocios de Huerta. «Usted dice que desde hace 20 años tiene un gabinete de parapsicología, no obstante, en 2013 constituye una sociedad limitada -junto a la abogada de Huerta- Explíqueme el motivo».
«Me propuso tener una participación mínima y yo acepté (...) En lo que es la sociedad no hacía trabajo ninguno, ella era la administradora única y entendí que era algo simbólico por lo que ella pudiera necesitar, pero nada más, yo ahí no tenía ningún tipo de trabajo», respondió.
Tras la creación de esta sociedad, la letrada de Huerta «me propuso ser su asistente», pues «tenía un proyecto nuevo, iba a llevar todos los asuntos legales» de Avialsa. ¿Sus funciones? «Llevar la agenda, acompañarlos en viajes, entrevistar a gente... lo que me pedían».
La parapsicóloga cobraba entre 3.000 y 2.000 euros al mes por su trabajo. «Nunca se dijo lo que yo iba a tener como sueldo, con ese dinero me pagaba yo las dietas de los viajes y tenía un horario flexible. Me hacían los ingresos y me parecía bien, nunca se habló de dinero», relató.
Los negocios fueron dando paso a una estrecha relación de amistad entre ambos. También formaba parte de ese círculo de confianza Salvador Alepuz, jefe de la delegación de Seguridad Aérea en vuelo en València, destituido en 2015 por el Ministerio de Fomento tras las publicaciones de Levante-EMV. Ha sido procesado por cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
«En algunas ocasiones íbamos de viaje con Salvador Alepuz y Vicente Huerta a Leyre, que es un monasterio que está en Navarra». «Hay un agua muy buena allí», le contestó el juez.
«Pues no lo sé realmente, tenía amistad con ellos e íbamos de vez en cuando. También viajamos por motivos de trabajo a Italia y en otras ocasiones fuimos a Madrid. Tuvimos más viajes pero no los recuerdo todos».
El juzgado confirmó esa relación cercana tras analizar las llamadas entre los investigados, así como las agendas intervenidas a Huerta, ya que también pasaron varios fines de semana en una propiedad del empresario en La Virgen de la Vega (Teruel). Era una habitual en reuniones o cenas y han aparecido minutas a su nombre en concepto de asesoramiento, aunque en el juzgado dijo no recordar casi nada de los encuentros. «De temas de facturación no tengo ni idea, no le preguntaba nunca», repitió.
A la espera de la Fiscalía
El juez acaba de cerrar esta parte de la investigación sin incluirla entre los procesados. También ha archivado la imputación contra su abogada, aunque tiene que pronunciarse el ministerio fiscal.
El juez ha concluido que Huerta, a través de un puñado de sociedades y fundaciones, pudo defraudar al fisco hasta 6,7 millones de euros mientras sumaba concursos públicos. La Fiscalía Anticorrupción aún no ha entregado su escrito de acusación y varias defensas han recurrido ya el auto del juez para evitar el juicio.
Mientras, la Audiencia Nacional sigue investigando por separado el papel del exconseller Serafín Castellano. Avialsa sumó más de 50 millones en contratos públicos hasta 2016.
El TSJ condena al Consell a pagar 1,1 millones a Avialsa
La sección quinta de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado una demanda que presentó el grupo Avialsa contra la Generalitat en la que reclamaba más de un millón de euros por la actualización de precios del contrato público contra incendios. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Huerta presentó este pleito por un acuerdo del Consell del Botànic, de agosto de 2016, que rechazaba aplicar un acuerdo anterior, del año 2010, por el que la Administración se comprometía ha actualizar los precios. Al existir ese pacto previo, la sala ha dado la razón a Huerta y la sentencia es definitiva porque la Generalitat no ha presentado recurso.
Pese a los intentos del Consell por ampliar el mercado y evitar estos acuerdos entre empresas, los miembros cártel del fuego siguen dominando diversos territorios españoles. El sumario eleva el presunto fraude a más de 100 millones de euros.
