La división del Botànic deja a los municipios sin posibilidad de contratar policías interinos

Unides Podem se desmarcó ayer de sus socios en la comisión de Presupuestos de las Corts y votó junto al bloque de la derecha para rechazar una enmienda, que había suscrito inicialmente junto a PSPV y Compromís. Finalmente, la formación morada rompe la unidad de voto de la izquierda.

La reacción de los ayuntamientos a lo ocurrido ayer en las Corts no se hizo esperar. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro, arremetió contra la decisión y se mostró preocupación por el conflicto abierto.

El portavoz municipalista alude a que es necesario que los ayuntamientos puedan contratar agentes interinos en situaciones determinadas y por causas excepcionales, algo que no podrá ocurrir aunque el alcalde de Elda asegura que el servicio público debe primar frente a otros conflictos. Alfaro insistió ayer en que la realidad de los municipios debía ser tenida en cuenta garantizando la seguridad ciudadana como servicio público.

Tras la decisión hay temor entre muchos alcaldes y alcaldesas de no disponer de efectivos suficientes para cubrir las necesidades reales que se dan en determinadas épocas y circunstancias del año.

El conflicto estalló después de que la Conselleria de Justicia propusiera modificar vía enmienda de los grupos la ley de 2017 de Coordinación de Policías Locales, que impide la presencia de interinos en las plantillas municipales.

La iniciativa la adoptó el departamento de Gabriela Bravo después de que el Tribunal Constitucional avalara la cobertura de vacantes en las Policías Locales de Baleares con funcionarios interinos, algo que abría la posibilidad a numerosos recursos en consistorios valencianos. La propia conselleria sostiene que era necesaria una corrección vía enmienda porque de lo contrario se iba a generar un caos por falta de normativa.

Además, está a punto de concluir una moratoria de dos años que la ley daba para la adecuación de las plantillas a la norma aprobada por las Corts en 2017, un plazo que ya se planteó porque muchos ayuntamientos no pueden funcionar sin interinos.

A ello se une que los sindicatos CC OO y CSIF llevan semanas manifestándose contra de la modificación de la ley y ayer volvieron a concentrarse, como el pasado jueves, ante las Corts porque consideran que la interinidad aboca a la precariedad laboral en un puesto tan sensible como la Policía Local.

Reunión con los partidos

Representantes de ambos sindicatos mantuvieron encuentros el pasado jueves con los portavoces de PSOE, Compromís y Unides Podem y les manifestaron que la enmienda que pretendían aprobar y que recupera la interinidad en los cuerpos de Policía Local suponía más temporalidad y precariedad.

No convencieron a PSPV y Compromís que estaban dispuestos a seguir adelante, pero Unides Podem ya anunció este fin de semana, como informó este diario, que se descolgaba del acuerdo.

Ayer la síndica, Naiara Davó, aseguró que la enmienda rechazada por su partido tiene puntos que son necesarios y que ayudan a mejorar, pero que Unides Podem se plantaba para evitar la interinidad y la temporalidad en el empleo.

Le replicó la portavoz adjunta del PSPV, Sabina Escrig que recordó que hay muchos municipios que necesitan una solución a sus problemas y que además hay que cumplir con el Constitucional.

Con todo, la enmienda seguirá viva hasta el pleno que se celebrará dentro de unas semanas. El PSPV intentará convencer en este tiempo a Unides Podem (que sostiene que mantendrá su «no» hasta el final) o incluso al PP, partido que rechaza la enmienda del Botànic pero que hace unos meses criticaba, en declaraciones de su presidenta, Isabel Bonig, que la nueva ley que impedía contratar a interinos iba a generar problemas de seguridad en los municipios. Ante lo que parece un doble discurso de los populares, el partido de Bonig se justifica en que no compartía el texto de la enmienda.

Mientras, la comisión de Presupuestos de las Corts se reanudó ayer después de que el jueves tuviera que suspenderse por el desacuerdo del Botànic en otra enmienda, en este caso la de la bonificación al impuesto de sucesiones en la empresa familiar, y por el plantón de la oposición tras 45 minutos de espera.

La comisión acabó de nuevo en bronca después de que el PP advirtiera por boca de su diputado Rubén Ibáñez que votar la nueva enmienda presentada por el Botànic era ilegal, por lo que durante varios minutos la comisión derivó en un intercambio de reproches casi a gritos sobre si votarla o no.

El PP devuelve el parón del jueves

Los populares anunciaron que iban a recurrir la votación y calificaron de dictatorial la posición de la Mesa que preside el socialista Jesús Sellés. Compromís defendía que es habitual que se produzcan situaciones como esta mientras la socialista Sabina Escrig pedía perdón por lo ocurrido el jueves.

En ese momento, Ibáñez (PP) le devolvió al Botànic la factura pendiente del jueves. Pidió un receso, algo que los partidos de izquierda solicitaron en la sesión anterior y que provocó el plantón de la derecha por la tardanza de más de 45 minutos del Botànic.

En la reanudación de la comisión ayer, la discusión entre el diputado popular y los miembros de la Mesa siguió. Ibáñez insistía en que se admitía una aberración jurídica y se daba una patada al reglamento ya que se votaba una enmienda fuera de plazo para salvar las vergüenzas del Botànic. Al final PP, Cs y Vox decidieron no participar en la votación. La socialista Escrig acusó a los populares de promover una pantomima y defendió que los cambios se hacían para beneficiar al conjunto de los valencianos. Pese a la tensión, los partidos del Botànic aprobaron finalmente la enmienda a la ley de Acompañamiento para bonificar el impuesto de sucesiones en caso de empresas agrícolas, unipersonales y profesionales y que pone un límite en la bonificación para el resto de empresas familiares de diez millones, un acuerdo que ya se había cerrado el pasado jueves, pero que necesitaba ser refrendado en una votación.

También sale adelante la modificación en el impuesto de Sucesiones y el de Actos Jurídicos que permitirá al Consell ingresar 32 millones el próximo año.

Críticas de la empresa familiar

Respecto a las críticas desde el Instituto de Empresa Familiar, que alerta de la fuga de empresas sino se bonifica a todas, Ferri rechazó entrar en una competición con territorios que aplican dumping fiscal y reclamó la necesidad de creerse la fiscalidad progresiva y aplicarla. Escrig añadió que esta enmienda (que buscaba desarrollar una promesa electoral del presidente Puig) es un primer paso y que el PSPV seguirá trabajando.

Por su parte, PP y Ciudadanos criticaron el rechazo a sus enmiendas que pretendía bonificar ese impuesto con carácter general, algo que defiende el PSPV.

Finalmente, el Botànic aprobó al PP una de sus 53 enmiendas a la ley de medidas fiscales, gracias a la cual el anticipo para subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro podrá llegar al 65 %, y a Ciudadanos una de 67, referida a vías pecuarias, que llevó a Toni Woodward a ironizar sobre la «condescendencia» del Botànic.

El diputado de Vox José María Llanos, partido que no presenta enmiendas a la ley, votó en contra de las iniciativas del Botànic y se abstuvo en las de PP y Cs por cortesía parlamentaria, excepto en una del PP sobre igualdad entre hombres y mujeres.