La Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC) calculó en un informe presentado en 2015 que las pérdidas por malas prácticas en la contratación pública, en algunos casos relacionadas con la corrupción, suponían pérdidas anuales de unos 40.000 millones. Unas malas prácticas que suelen encontrar cobijo en los modificados, reformás de contrato o incremento de precios, en ocasiones «de difícil justificación, si no es por la existencia de esas malas prácticas», asegura a Levante-EMV el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares.
Y entre esas malas prácticas Llinares también sitúa «los contratos públicos de una gran cuantía, en los que no acaban de convocarse nuevos concursos públicos, por lo que las contrataciones se repiten y se prorrogan, a pesar de que, si salieran al mercado, automáticamente se situarían en precios de mercado».
El director de la Agencia Antifraude se refiere a los contratos de las resonancias hospitalarias, del servicio de grúas municipales o del suministro farmacéutico a la Generalitat. Este último representa «las facturas más cuantiosas de la Generalitat y se están haciendo por compras directas contínuamente cuando tienes un sistema que es la subasta, donde automáticamente habría una bajada de precio incontestable».
Llinares admite que «la falta de recursos, las inercias y las dinámicas anteriores son las fuerzas que entorpecen el interés de la administración por hacerlo lo mejor posible y no repetir errores pero, mientras, tenemos prórrogas de contratos continuadas en los que el precio no es del mercado», advierte.
Respecto a las prórrogas, el director de la Agencia Antifraude advierte respecto al precio por el que se adjudicaron hace muchos años estos concursos «cómo se adjudicaron: con presunto amiguismo, con influencias y participación de mecanismo no muy ortodoxos en el ámbito de la participación. Pagamos precios de cuando esas adjudicaciones se hicieron así. Si lo proyectáramos estoy convencido de que los estudios del informe de la CNMC o del IVIE -presentado el año pasado- nos daría las cifras proporcionales al ámbito valenciano respecto a las malas prácticas en las contrataciones públicas».
Por ello Llinares muestra el interés de la agencia de «entrar a investigar de oficio estas cuestiones. Ya nos gustaría». Pero antes admite que «en tanto no nos pongamos al día en la acumulación de denuncias que ha recibido la Agencia Antifraude en estos tres años de funcionamiento, cuando la agencia no tenía ni mecanismos para hacer frente» no se adentrarán en el análisis de las contrataciones públicas. Aunque avisa que «tenemos planificado el trabajo y en poco de tiempo nos pondremos al día» en la resolución de las denuncias acumuladas. Y, entonces, señala «comenzaremos a entrar de oficio en cuestiones de esta envergadura».
