La «doctrina del shock» que el ministro Montoro aplicó a los ayuntamientos para combatir el déficit ha terminado dibujando una agria paradoja en el sector: mientras la deuda municipal se ha reducido un tercio desde el inicio de la crisis y apenas representa un 2 % del total del pasivo de las Administraciones Públicas, los depósitos que los consistorios mantienen inmovilizados en los bancos se han triplicado desde 2013, hasta alcanzar los 27.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia.
Hasta ahora, las corporaciones locales no pagaban por tener ese dinero almacenado, pero a partir de 2020 se enfrentan a una penalización. El giro en la política monetaria de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se ha traducido en un endurecimiento de las exigencias a las entidades financieras, que a su vez han comenzado a comunicar a determinados ayuntamientos el cobro de una comisión de entre el 0,4 % y el 0,5 % por los fondos depositados, bajo el argumento del exceso de liquidez que acumula el sistema.
Para los responsables municipales, la amenaza de una nueva tasa supone un contrasentido, teniendo en cuenta que, como denuncia la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), las restricciones impuestas por la ley y el techo de gasto bloquean el uso de alrededor de 500 millones de euros de superávit que terminan irremediablemente en los bancos porque no se permite a los consistorios destinarlos a inversiones o a contratar personal.
En el Ayuntamiento de València, la medida podría suponer un gasto financiero añadido de 700.000 euros anuales, según los cálculos del departamento de Hacienda, que negocia para evitar el pago. «Manejamos mucho dinero con los bancos y deberíamos tener una consideración como cliente institucional superpreferente», subraya el regidor Ramón Vilar.
Otro consistorio que podría verse afectado por la penalización es el de Gandia, que mantiene en los bancos 10 millones en depósitos. «De momento nos han sugerido que reduzcamos nuestro saldo bancario. Nos han advertido, pero no sé hasta dónde llegarán», señala el regidor de la Hacienda gandiense, Salvador Gregori. En la Diputación de Alicante, el cobro de la comisión puede suponer una factura de un millón de euros.
Según los datos del Banco Central, el conjunto de las Administraciones Públicas valencianas amontona 4.290 millones de euros en depósitos bancarios, un 150 % más que en 2013, cuando Madrid comenzó a ajustar el cinturón al sector público local. En el mismo periodo de tiempo, en cambio, los créditos con los bancos se han reducido considerablemente. El 94% de los ayuntamientos recortó su pasivo en la pasada legislatura.
«Es una pesadilla»
El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, resume el cabreo de los alcaldes con las limitaciones impuestas. «Hemos pasado de eliminar la deuda a una velocidad de vértigo a recibir amenazas de que nos van a cobrar por ahorrar», asegura el munícipe de Elda, que reclama al nuevo Gobierno una medida urgente: flexibilizar las exigencias a los ayuntamientos en lo relativo al uso del remanente, teniendo en cuenta el saneamiento del sector local. «El superávit no deja de incrementarse, pero la regla de gasto nos penaliza, impidiéndonos diseñar presupuestos expansivos o aplicar políticas de alivio fiscal para los vecinos. Es una pescadilla que se muerde la cola», lamenta Alfaro. «La filosofía Montoro ha de modificarse cuanto antes: nos encontramos en una situación de bloqueo del dinero público del dinero de los contribuyentes», agrega el dirigente.
En los ayuntamientos se extiende la sensación de que han pagado el pato de la crisis con los mayores ajustes. Las fuentes consultadas advierten de que la comisión planteada por los bancos afectaría negativamente a la tesorería y elevaría la morosidad. «El Gobierno deberá arbitrar alguna medida. No puede ser que no nos dejen gastar dinero en mejorar la vida de las personas y encima eso nos cueste dinero», sentencian en el consistorio de Ontinyent, que en 2013 abanderó la reivindicación del uso del superávit para inversiones.
