Las oposiciones en À Punt acabaron la tarde del lunes en bronca en la Comisión de Diálogo Social del Sector Público de la Generalitat, un órgano que sienta en una misma mesa a Administración y sindicatos y que fue concebido la pasada legislatura para poner orden en el caótico mundo de los recursos humanos en el ámbito de las empresas y organismos públicos. El acceso por concurso oposición de más de 500 plazas para conformar la plantilla definitiva de la nueva televisión pública fue el asunto caliente de esta reunión, pero no era ni de lejos el único problema por resolver que tiene el Botànic II respecto a las plantillas del sector público.
De hecho, pese a los esfuerzos y la normativa aprobada la pasada legislatura para ordenar la contratación de personal en los más de cuarenta entes públicos, esta pata de la Administración sigue siendo una asignatura pendiente ya que la mayoría de las entidades ha optado todo este tiempo por recurrir a la contratación temporal, mientras aparca la ejecución de las ofertas de empleo público.
Acuerdo con los sindicatos
El resultado es que la vía de la oposición sigue siendo una rareza en el sector público que engorda sus plantillas pero mediante empleos temporales. Y esto se produce pese al acuerdo histórico alcanzado en marzo de 2018 entre la Conselleria de Hacienda y los sindicatos sobre las futuras oposiciones.
El citado acuerdo, plasmado en un resolución firmada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, suponía que, por primera vez, se establecía el concurso oposición como modo de acceder a una plaza en el sector público, ese ámbito de la Administración de la Generaliat que, bajo la pátina de ser más eficaz, permitió la entrada de miles de personas por la puerta falsa.
A este pacto se llegó con muchísimas dificultades y con la oposición de buena parte del sector público, en algunos casos, auténticos reinos de taifas, que se han resistido y siguen resistiéndose a someterse a una serie de parámetros que objetivicen al máximo la entrada de personal.
Hacienda tuvo que estirar el plazo varios meses para que las empresas cumplieran con la instrucción de publicar sus ofertas de empleo público para el período 2017-2019. Algunas (Ferrocarriles y el Instituto Valenciano de Finanzas) cumplieron a medias dentro del plazo y otras (la mayoría) se rezagaron y apuraron al máximo.
En principio, el acuerdo instaba a las entidades a sacar todas las plazas enmarcadas dentro de la tasa de reposición que fija el Gobierno central, pero también las destinadas a promoción interna o a consolidación de empleo, es decir, las que ocupa el personal temporal. Este procedimiento, que podía afectar a un millar de plazas, habría permitido consolidar el puesto de trabajo de los temporales, pero siempre y cuando aprobaran un examen. El acuerdo no solo se cumplió a medias (la mayoría de las ofertas fueron raquíticas y no alcanzaban todos los puestos), sino que, además, en su inmensa mayoría están por ejecutar.
Es decir, los decretos de las ofertas se publicaron, pero salvo puntuales excepciones (este diario solo tiene constancia de tres plazas convocadas por concurso oposición, una en Vaersa y otras dos en el Instituto Valenciano de Cultura), no se desarrolló con la correspondiente convocatoria de las bases. Es decir, están pendientes. La conclusión es que las oposiciones en el sector público siguen bloqueadas. Incluso algunas están recurridas por los sindicatos por insuficientes.
Un repaso por las páginas web de los entes que conforman el sector público evidencia que, a efectos de empleo, la única vía son las contrataciones temporales. En muchas firmas, se han constituido bolsas de empleo, pero no hay rastro de las oposiciones.
