El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja sobre la delicada situación de Randi Y. un inmigrante venezolano con VIH encerrado durante un mes en el CIE de Zapadores sin recibir tratamiento para su enfermedad crónica. El interno denunció que este jueves recibió una orden de expulsión que le enviaría de vuelta a su país, donde no se suministra el fármaco que necesita para su tratamiento. Finalmente, tras la recomendación de este organismo, no ha sido deportado y se le ha trasladado de vuelta al CIE de Zapadores.
En su escrito, el Defensor del Pueblo recomienda "que se suspenda la ejecución de la expulsión del interesado y se valore nuevamente su situación personal, al objeto de comprobar que la materialización de la misma no supone un riesgo cierto para su vida, a la vista de la enfermedad crónica que padece". Paco Solans, abogado del Servicio de Orientación Jurídica en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, responsable de redactar la queja, asegura que "existían varias irregularidades graves en el caso del interno".
En primer lugar, "su condición de Venezolano, solicitante de asilo por circunstancias humanitarias y con pareja española con la cual mantiene una relación estable". Además, Solans incide en "su condición de seropositivo reconocido y en que su vida en Venezuela suponía un riesgo grave para su integridad y salud, por lo que su expulsión supondría una vulneración del derecho a no ser enviado donde pueda sufrir daños inhumanos o degradantes".
En su entrevista con el interno, Solans aseguró que tenía la "necesidad urgente de asistencia médica adecuada psiquiátrica o psicológica".El propio Randi Y. aseguró a este medio que no recibió ningún tratamiento contra el VIH, más allá de la provisión del fármaco a través de las visitas de su pareja, dado que desde el CIE se lo negaban. También aseguró que sufría fuertes episodios de diarrea y que la asistencia médica del centro se limitó a un tratamiento con fortasec, hechos que confirma el propio Solans tras sus entrevistas presenciales con el interno.
Desde la queja al Defensor del Pueblo se advierte que la ejecución es "atentatoria contra la coherencia del Estado en un momento en que las instrucciones son conceder una protección por razones humanitarias a todos los venezolanos". Además, desde el propio Servicio de Orientación Jurídica y el mismo interno han señalado el intento de "disfrazar la expulsión de voluntaria" dándole a firmar un papel al interno, el cual no firmó, aceptando la expulsión y procediendo a ella.
El pasado nueve de diciembre, la campaña CIEs NO, con la ayuda de la ONG Médicos del Mundo intentaron acceder al centro con la intención de hacer un análisis al interno, ya que desde el CIE no se lo facilitaban. Pero se les negó la entrada, momento en el cual se presentó la queja. El interno había pedido asilo humanitario peor una resolución del pasado 26 de noviembre del Ministerio de Interior rechazó la solicitud.
