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Entrevista

Vicent Cucarella: "Entiendo la causa, pero el Consell no puede prever 1.325 millones de ingresos ficticios"

«Nos hemos acostumbrado a vivir de la deuda y eso tiene que cambiar, pero el futuro no pinta mejor que el presente»

El Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, fotografiado en la plaza Redonda de València, a pocos metros de la sede del organismo fiscalizador de las cuentas públicas. miguel ángel montesinos

La sede de la Sindicatura de Comptes en la calle de Sant Vicent está estos días en obras y la mesa del Síndic Major repleta de informes. Es un mes importante para el fiscalizador del dinero público que publica su examen a las cuentas de la Generalitat.

A Cucarella se le nota que disfruta de su trabajo, que acompaña con un hilo de música suave. Muestra orgulloso un cuadro de Manolo Boix y antes de empezar recoge unos apuntes para la entrevista, pero no los utilizará.

En días conoceremos la fiscalización de la cuenta de la Generalitat. ¿Mejora o empeora?

Llevo tres años en el cargo y no vi la peor etapa del sector público valenciano, ni los casos más preocupantes que se destaparon. Pero lo que veo ahora es que hay un gran interés por ir mejorando la rendición de cuentas y que estén ajustadas a la realidad. Veo ese interés. No salen grandes cuestiones, pero hay mucho por mejorar y ese interés por hacerlo mejor existe.

¿ Ha encontrado alguna cuestión de responsabilidad?

No puedo avanzarlo. Cuando se apruebe, se conocerá.

El presupuesto del Consell vuelve a incluir 1.325 millones. ¿Reivindicativos o ficticios?

Es irreal la partida y como lo es, lo destacamos en el informe. Podemos llegar a entender la causa de que esa cifra está ahí porque sabemos el problema de infrafinanciación, pero no podemos consentir que se presupueste algo que sabemos que no se va a ingresar. En alguna ocasión ha podido haber indicios de que ese dinero podría llegar, ha habido alguna promesa pero no se ha materializado durante años y por la experiencia se demuestra que son ficticios, porque al final no han llegado. El presupuesto de la Generalitat debe ajustarse más a la realidad.

La realidad es que existe un bloqueo político en Madrid...

Nosotros procuramos ser muy objetivos. No valoramos tanto la dinámica política como los hechos y lo que decimos es que hay que presupuestar de manera realista y la partida de 1.325 millones no lo es.

La deuda está a punto de convertirse en la primera conselleria. ¿Eso es sostenible?

Creo que no se puede sostener, pero ni la deuda valenciana ni ninguna. Nos hemos acostumbrado a vivir de la deuda y eso tiene que cambiar, no podemos vivir endeudados porque significa que has previsto que lo que vendrá en el futuro será mejor. Pero el futuro no pinta mejor que el presente, entonces no vas a poder devolverlo. En el caso valenciano está acentuado por la infrafinanciación porque gran parte del problema es que recibimos menos que otras autonomías. Pero lo que está claro es que estamos llegando al límite del crecimiento económico. Ya estamos creciendo de manera financiera, de manera ficticia e irreal en el conjunto de las Administraciones y esto es clave. No podemos pensar que la economía va a seguir creciendo indefinidamente.

El déficit también se ha disparado. ¿A qué se debe?

Los ingresos no están creciendo como en los últimos años; la economía se está frenando, y la Generalitat el año pasado y este aumentó el gasto y eso lleva al déficit.

Y mientras, la capacidad de presión valenciana es escasa...

Escasa me parece optimista, yo diría ninguna. Nunca la ha habido, con ningún color político, cuando el Gobierno es el mismo que en Madrid ni cuando es distinto.

¿Qué le diría a quien sostiene (la ultraderecha de Vox) que las autonomías son un despilfarro?

Que están equivocados. En temas como Sanidad o Educación está ya muy estudiado. Cuando aproximas al ciudadano los servicios mejor atiendes sus necesidades y mejor los prestas, porque es más fácil adaptarse a la idiosincrasia de cada territorio, como es el caso con la Educación y las autonomías con lengua propia. Yo puedo compartir que hay duplicidades, pero las encuentro mayoritariamente en la Administración central. Por ejemplo en la Sanidad, que está transferida a las autonomías. ¿Qué sentido tiene que haya un gran edificio en Madrid lleno de funcionarios como si aún fueran ellos los que la gestionan? Si hay duplicidad, está en Madrid.

Cambio de tercio. Ha auditado À Punt y el consejo rector está ya en causa de cese. ¿Se está incumpliendo la ley?

Hemos auditado ya dos años. Incluso antes de comenzar las emisiones para evitar la bola de deuda y de déficit que se creó allí. Hemos detectado una serie de incidencias, que hemos publicado, y lo más llamativo es que la ley que ellos aprobaron no se cumplía. La ley dice que si estableces unos ingresos de cuatro millones por publicidad y son un 25 % menores ya es causa de cese del Consejo Rector. Ese caso se da y es lo que dijimos, pero es cierto que ese artículo tiene una segunda parte, que si hay una explicación reconocida por la Sindicatura se evita el cese. Ellos han considerado que no hay motivo de cese, pero es su opinión.

¿Pero no de la Sindicatura?

Nosotros simplemente decimos que según la ley hay causa de cese. Pero ellos han decidido después de leer nuestras consideraciones que no es causa... bueno pues lo respetamos.

Tras sus investigaciones, ¿qué resulta más eficiente lo público o la colaboración con lo privado?

Nuestra conclusión es que cada caso es un mundo. No es una perogrullada, es que es así. Cuando analizamos las resonancias magnéticas concluímos que era más barato hacerlas en los hospitales públicos que en empresas privadas, porque había cierta tendencia a hacer más de la cuenta. Ello dio pie a que se revertieran los contratos. Pero, en el modelo Alzira lo que vimos es que después de fiscalizar Manises y Torrevieja resultaba más económico el acuerdo público-privado porque al final había menos trabajadores y cobraban menos. Había una explicación y eso es lo que dijimos. Pero el foco siempre se pone en que este modelo es más barato, pero no en las causas de porqué lo es.

La oposición denuncia continuamente que en la Administración hay enchufados y chiringuitos. ¿Usted los ha detectado?

Yo eso no lo he encontrado, sinceramente. Los empleados públicos entran por mérito en las oposiciones y en aquellos cargos que se considera que son puestos de confianza pues son casos contados y no hace falta que aprueben una oposición, está previsto que sea de esa manera.

¿Ha notado que desde que la ley le otorga capacidad sancionadora le hacen más caso?

Sí, ahora nos hacen más caso. Ahora tenemos la capacidad de presionar a quien no colabore con una multa coercitiva. De momento no hemos puesto ninguna multa, pero varios expedientes que se han llegado a abrir para poner la multa han sido suficientes para que los ayuntamientos afectados rindieran cuenta de inmediato. Con la nueva ley, la multa la paga el responsable público de su bolsillo, no el ayuntamiento. Y cuando le dices que has abierto un expediente de multa y que la va a tener que pagar él, automáticamente se soluciona. Se ha notado, sí. También está funcionando muy bien la posibilidad de que los que incumplan la rendición de cuentas se queden sin subvenciones. Eso presiona mucho. Hace unas semanas publicamos que 60 ayuntamientos no rendían cuentas y podían quedarse sin subvenciones. Casi todos han cumplido.

Insiste en la falta de transparencia del dinero de los grupos en las Corts. ¿Este año también?

Lo que decimos no es que se estén haciendo mal las cosas, simplemente decimos que no sabemos cómo se hace, que es diferente. Los gastos por transporte de los diputados, por ejemplo, no sabemos si se están pagando de forma adecuada....

Los diputados las cobran por dos vías, ¿eso es legal?

Ahí está... No hay un control. Se cobra por residir fuera de València, y también por los desplazamientos y no queda bien acreditado si ha habido desplazamiento o no. Legal es porque la ley lo contempla, eso no lo cuestionamos. No decimos que sea ilegal cobrarlo sino que no sabemos si se cobra adecuadamente. Si hay tres diputados que se trasladan en el mismo coche no deben cobrar los tres el desplazamiento porque además ya cobran por residir fuera. Debería controlarse más y justificarse.

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