Los municipios con más de 10 centros educativos deberán contar con, al menos, tres áreas de influencia, en la admisión escolar del próximo curso 2020-21. Esto incluye el proyecto de la nueva orden que el próximo jueves la Conselleria de Educación presentará a los sindicatos en la mesa sectorial de Educación.
Además de otras novedades que publicó ayer Levante-EMV, a raiz de la asimilación de las nuevas leyes que el Consell ha aprobado los últimos años, Educación también incluye esta variación en la zonificación. Las áreas que se creen, según ha podido saber este periódico, tendrán en cuenta el tiempo que el alumnado debe emplear para desplazarse; y deberán dar cierto margen para que las familias puedan elegir. Además, también se tendrá en cuenta la existencia de pedanías o de entidades locales menores. Por su parte, como hasta ahora, los pueblos que tengan tres centros serán zona única; y los que cuenten con entre cuatro y diez, tres.
Las excepciones se dan en los niveles postobligatorios como el Bachillerato en la modalidad Artística y el conocido como Bachibac -el programa que permite obtener de forma simultánea el Baccalauréat francés y el Bachillerato español- a cuyo acceso el alumnado partirá en igualdad de condiciones, por su menor oferta.
Otra de las novedades hace referencia a la transición entre etapas educativas. Según las fuentes consultadas, se mantendrá el criterio de centro único a lo largo de la escolarización, ya que se considerarán las escuelas de Infantil y Primaria con los institutos de Secundaria a los que están adscritos. Así, el alumnado tendrá una prioridad de 15 puntos -como si tuvieran un hermano escolarizado- cuando promocione y se inscriba en el IES que su colegio tiene asignado. Esto, ya lo tenía en consideración la conselleria, pero a partir del próximo curso constará en la normativa, que ha de aprobarse en el primer trimestre de 2020 para entrar en vigor en septiembre.
También, de oficio, Educación, a través de las comisiones municipales de escolarización, asigna a aquellos que se han quedado sin sitio, una plaza en la zona de escolarización que dispone de vacantes. En el curso actual, este caso solo se ha dado con el 2,5 % de los solicitantes, pero la nueva orden lo reflejará.
Asimismo, hasta ahora tampoco constaba por escrito la obligatoriedad de que el alumnado abone las tasas correspondientes a los servicios administrativos, un requisito de matrícula, lo que se subsana y que también aparecerá en la nueva norma, igual que los dos puntos anteriores.
Tramitación electrónica
La nueva legislación abrirá la puerta a la futura digitalización de los trámites de admisión de alumnado en los centros públicos y concertados. Actualmente, las familias tienen que desplazarse a los centros elegidos y llevar la documentación y entregarla en mano. En un futuro, el avance de la administración electrónica que prevé el Consell posibilitará la elección de plaza vía telemática, como ya ocurre con las escuelas oficiales de idiomas o como diferentes responsables de la Conselleria de Educación ya han afirmado que sucederá con la documentación y los trámites referentes al profesorado.
En cuanto a la Formación Profesional, los cambios se prevé que lleguen a la FP Básica (FPB), que hasta ahora mantenía dos procedimientos de admisión (contaba con una convocatoria extraordinaria) y que, previsiblemente, el próximo curso se unificará y tendrá solo un periodo de preinscripción.
Integración de las nuevas leyes
Estas novedades se suman a una principal: la de la consideración de la renta de inclusión como un requisito específico de puntuación. Como publicó ayer este periódico, el Consell pretende actualizar para el próximo curso tanto la orden como el decreto de admisión a los centros educativos públicos y concertados para que en ellos se vean reflejadas las leyes sociales puestas en marcha durante la pasada legislatura. Por esto, las familias que cuentan con una renta valenciana de inclusión obtendrán cuatro puntos en el proceso, y hasta 3,5 por su situación económica en el resto de casos, cuando hasta ahora eran dos puntos como máximo. Asimismo, gracias a la Ley de Infancia, los menores en situación de acogida con fines de adopción se equipararán a los hermanos.
Del mismo modo, también se incluirá por escrito el derecho a contar con una plaza escolar gratuita, una medida de la LOE y la Lomce que aún no figuraba en la normativa autonómica.
