La creación de jefaturas para personal externo indigna a la plantilla de la diputación

La última modificación de la plantilla que ha presentado el equipo de gobierno de la Diputación de València para acomodar la estructura organizativa a los nuevos diputados ha levantado ampollas en el personal. La apertura de la provisión de nuevas jefaturas de servicio y otros puestos técnicos y administrativos a trabajadores procedentes de otras administraciones en régimen de comisión de servicios condujo a los tres sindicatos presentes en la última Mesa de Negociación a votar en contra de la propuesta, presupuestada en 600.000 euros.

La medida tampoco ha estado exenta de fricciones entre los dos socios de gobierno en la corporación provincial, en un asunto en el que Compromís ha querido marcar terreno y fijar una postura de máximos, más tarde suavizada en la negociación con el área de Personal. Varias de las plazas en cuestión son ocupadas por trabajadores procedentes de los municipios de origen de los diputados del ejecutivo, lo que ya de por sí despierta recelos entre el personal de la casa, señalado como el principal damnificado por las dificultades para promocionar a las jefaturas. Los representantes de los trabajadores, por otra parte, contraponen la creación de nuevos puestos con las alrededor de 200 vacantes en la plantilla aún por convocar.

UGT va más allá y teme que el coste de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ponga en peligro la reivindicada aspiración de dotar económicamente el complemento de la carrera profesional, como hace la Generalitat. En la misma línea se pronuncia CSIF: «la carrera profesional muere antes de nacer por falta de consignación: estas modificaciones se lo llevan todo», afirma la entidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios va a recurrir la modificación reprochando a la diputación que saque nuevas plazas «sin planificación, improvisando y de acuerdo a criterios políticos», por la premura del proceso y la información «confusa y sin detallar». A esta circunstancia se suma el malestar por el hecho de que las comisiones de servicio no se hacen públicas y permiten una mayor discrecionalidad en los nombramientos, con lo que impiden que haya concurrencia. Esta fórmula de provisión ha levantado polémica en la diputación, que acumula varias denuncias sindicales y de la Agencia Antifraude por mantener a empleados temporales de otras administraciones mucho más allá del plazo máximo permitido por la ley, de seis meses.

Aunque se muestra comprensiva con las quejas de la plantilla, la diputada de Recursos Humanos, Pilar Molina, subraya la necesidad de cubrir de forma urgente y provisional las necesidades de determinadas áreas que carecen de personal, haciendo hincapié en que, aunque existe el compromiso de ir sacando todas las plazas a concurso, esta vía requeriría un periodo de dos años por la lentitud y la burocracia.

Molina, en todo caso, sostiene que la carrera profesional «no corre ningún peligro» y reivindica los pasos dados hacia su implantación, a tiempo que defiende la apertura de puestos al personal de otras administraciones por razones de operatividad, garantizando la incorporación de «personal formado y con experiencia».

Oferta pública de 53 plazas

Fuentes sindicales todavía ven margen para mejorar la propuesta en el tira y afloja de los próximos días. La modificación de la RPT debería aprobarse previsiblemente en el pleno de presupuestos del 30 de diciembre.

La diputada Molina resalta la reciente aprobación de una oferta de empleo pública de 53 plazas de administrativo «que hacen mucha falta», aunque admite que la reorganización de las áreas ha sido lo más complicado de su gestión hasta la fecha. «Hemos hecho lo que hemos podido con los mimbres que teníamos», incide Molina, recordando los «vicios que se llevan arrastrando muchos años» en la diputación.