El objetivo es «que no se ejecute ningún desahucio» si no hay alternativa habitacional. El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, convocó ayer la Mesa Antidesahucios en la que participaron Administraciones públicas (EVha, IVE y Conselleries de Vivienda, Igualdad y Justicia); la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; entidades financieras; organizaciones sindicales (CC OO, UGT e Intersindical), agrupaciones profesionales (de Fincas, de Propiedad inmobiliaria, de Registradores...); y organizaciones ciudadanas, como la PAH, Facua o la Unión de Consumidores, entre otros.

Martínez Dalmau inició su intervención presentando a quien ya es el nuevo director de Emergencia Habitacional, David Vegara, ya que «el problema de la vivienda es crucial y debemos retormar la mesa de diálogo para seguir avanzando porque esta conselleria lleva en marcha 5 meses y no hemos parado de trabajar y hemos comprobado que la comunicación falla, que los procedimientos fallan y que se ejecutan desahucios a familias vulnerables. Y eso no puede ser. También debemos decir que hemos actuado en todos los procedimientos de los que hemos tenido constancia, pero en muchos casos el tiempo de actuación ha sido mínimo».

Por ello, el nuevo director de Emergencia Habitacional, David Vegara, explicó que la intención es «crear un Protocolo de emergencia habitacional efectivo para que todos los agentes implicados sepan cómo hay que actuar ante desahucios o pérdida de vivienda cuando no hay alternativa habitacional». Además, aseguró que esa «mesa de trabajo» va a pasar a depender del «Observatotrio de la Vivienda» como un «grupo de trabajo» que sentará una serie de bases a seguir «que iremos definiendo, por lo que pedimos vuestra colaboración». Las entidades presentes, sin embargo, instaron a Martínez Dalmau y a su equipo a «concretar las medidas para trabajar sobre ellas», por lo que la reunión se centró en poner encima de la mesa los principales problemas de la vivienda para quienes se quedan fuera del circuito por no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca o al pago del alquiler.

Tanto Martínez Dalmau como Vegara pidieron flexibilidad a la banca a la hora de resolver los desahucios de quien tiene una emergencia habitacional «hasta que consigamos ampliar el parque público de vivienda porque aunque es cierto que no tenemos pisos disponibles -y que en cuanto los tenemos los vamos adjudicando-, también lo es que tenemos varias vías en marcha para ampliar el parque público. Por lo que necesitamos crear una oficina, herramineta o portocolo ante situaciones de emergencia hasta que tengamos más pisos disponibles».

Desde la PAH tomaron la palabra en varias ocasiones para denunciar los «agujeros del sistema» porque se ejecutan desahucios «a familias con menores, en exclusión social... Pero ni consiguen el informe de Servivios Sociales con el que parar el desahucio ni hay vivienda social para estas personas».

Tanto la Administración como la PAH coincidieron al afirmar que muchos casos «nos llegan de hoy para mañana, con lo que hay que trabajar también en prevención y comunicación entre administraciones». Los sindicatos, por su parte, afirmaron que «la oficina o herramienta que se cree hay que dotarla de medios y presupuesto porque si no se quedará en nada».

Desde la Unión de Consumidores, explicaron su experiencia en la mediación de desahucios y pusieron como ejemplo «el protocolo que se utiliza cuando, por ejemplo, hay impagos de la luz y la compañía amenaza con un corte de suministro, porque entonces se pide el informe de vulnerabilidad y se consigue paralizar el corte de luz».

Toda la reunión giró en torno a qué podrían o no hacer los bancos. Los represnetantes del Banco Santander, Caixapopular y Cajamar, tomaron la palabra para explicar que «si estamos presentes en esta reunión es porque hay voluntad de cambio y mejora». El resto de entidades bancarias invitadas no acudieron.