Los representates de las seis formaciones políticas representadas en las Corts descartan el pago por uso para mantener las autovías que piden los expertos, según se concluyó en la jornada celebrada ayer en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) de la Comunitat Valenciana bajo eltítulo «Gratuidad o pago por uso en la red viaria de alta capacidad del Estado: el caso de la AP7».

Al respecto, los expertos que participaron en la jornada advirtieron que el fin del peaje en la autopista del Mediterráneo no supondrá la gratuitad de la autopista ya que «el mantenimiento lo pagaremos todos, vía impuestos». El fin del pago por el uso de la AP7 supondrá, además, un incremento del tráfico, sobre todo el pesado de camiones, que obligará a incrementar el mantenimiento de esta carretera. «En el nudo de Silla de 95.000 vehículos al día sólo 16.000 optaban por la autopista. De los 12.200 camiones al día que circulan por la A7 la AP7 acogía a 864 camiones. Todo ese tráfico se va a redistribuir. El 2 de enero va a estar guapa la autopista», advertía Vicente Cerdà, presidente de la comisión de transportes y logística del CICCP, quien advirtió de que además de los problemas de conservación se incrementará la congestión en la hasta ahora autopista.

El problema de la conservación no es baladí ya que «de los 1.200 millones de presupuesto ideal para mantener las autovías en toda España se ha bajado a 700-800 millones, cuando el número de kilómetros no se ha reducido. Las carreteras no están mejor, sino que están peor», sostuvo Vicente Cerdá.

Para hacer frente a este dilema la Asociación Española de la Carretera plantea un «pago por sobreuso de todo tipo de vías por encima de un determinado umbral» por ejemplo a partir de 5.000 kilómetros, según explicó el director general de la asociación, Jacobo Díaz. Una propuesta que obligaría a instalar un dispositivo en todos los vehículos, para contabilizar los kilómetros que recorren y que permitiría recaudar hasta 3.000 millones anuales que deberían destinarse al mantenimiento de las carreteras. Este pago por sobreuso supondría pagos de 150 euros anuales por vehículo y de 3.000 euros anuales por camión. Aunque la medida se podría modular y, por ejemplo, ofrecer la gratuidad nocturna a los camiones y evitar así también el colapso de las carreteras.

El catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Vassallo, también abogó por la fórmula del «pago por uso como el mejor modelo» con «operadores de movilidad» que ofrecieran tarifas planas aunque, advirtió, debería instaurarse en todo el país para evitar la desigualdad en la política de peajes que se ha seguido en España en los últimos cincuenta años.

Frente a estas propuestas los representantes de todos los partidos políticos se mostraron a favor de la gratuidad de la AP7 y contrarios al pago por uso, aunque alguno llegó a admitir que es un «debate que no se puede obviar», según defendieron Vicent Sarrià (PSPV), Óscar Gamazo (PP), Narciso Estellés (Compromís), Basili Salort (Compromís), Mónica Saavedra (Podemos) y Vicente Montañez (Vox).