La segunda sentencia contra Rafael Blasco, el exconseller que ya fue condenado por malversar las ayudas públicas a la cooperación internacional, está prácticamente redactada y se someterá a deliberación por parte del tribunal en los próximos días. Se espera que esté lista y publicada durante el mes de enero, aunque podría adelantarse si hay unanimidad en el tribunal y no se emite ningún voto particular.
La sección quinta de la Audiencia de València ha dado un acelerón a la redacción de la sentencia después de que su ponente, José Antonio Mora Alarcón, haya sido designado magistrado de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el órgano que juzgará la presunta caja B del Partido Popular.
Según confirmaron fuentes judiciales a este periódico, el nombramiento todavía no es oficial y no se hará efectivo hasta que se publique el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al parecer, la designación de Mora como nuevo magistrado de la Audiencia Nacional debía aprobarse oficialmente en la comisión permanente de ayer, pero fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no precisaron si finalmente este punto se incluyó o no en el orden del día de la reunión.
En cualquier caso, su nombramiento se da por hecho y José Antonio Mora lleva semanas trabajando exclusivamente en la segunda sentencia de Blasco para tenerla lista cuanto antes, someterla a deliberación con el resto de magistrados y publicarla.
En principio, este magistrado formará parte del tribunal que juzgará la presunta caja B del PP, aunque todo dependerá de si los acusados presentan una recusación al considerar que no será imparcial, precisaron ayer fuentes judiciales.
La sección quinta de la Audiencia de València juzgó desde mayo al exconseller y otros 23 acusados por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional, en el caso conocido como caso Blasco 2 o caso Cooperación.
La investigación de esta pieza separada afloró un rosario de irregularidades en la adjudicación de ayudas públicas concedidas a una red de falsas ONG y en el proyecto para la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. El juicio estuvo a punto de no celebrarse después de que los principales acusados ofrecieran un acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de admitir los hechos y devolver el dinero. Sin embargo, el pacto fue rechazado por la acusación que ejercía la Coordinadora de ONGD y la Abogacía de la Generalitat.
Se espera un fallo condenatorio, con penas inferiores a las de la primera sentencia porque ya han cumplido prisión por varios de los delitos por los que volvieron a ser acusados, y la clave de la sentencia que está elaborando el ponente será cómo queda la responsabilidad civil, es decir, si los acusados devolverán el dinero malversado.
El escenario para recuperarlo no es nada halagüeño. La operación policial golpeó a la trama cuando la red de falsas ONG estaba desarrollando gran parte de los trabajos que fueron subvencionados. Muchos de los expedientes administrativos quedaron incompletos porque el cabecilla, el empresario Augusto César Tauroni, ingresó en prisión provisional.
Se desconoce lo defraudado
Además, no se realizaron muchas de las certificaciones de los proyectos bajo sospecha y en la causa no consta el dinero exacto que se llegó a desviar al patrimonio de los acusados, pues la Generalitat no llevó a cabo la determinación exacta del importe defraudado. Sí existe un informe de la Intervención General del Estado con una estimación, pero sin especificar las partidas.
Esta es la cuestión más importante que deberá resolver la sentencia. Si finalmente la Audiencia de València deriva la valoración de la partida defraudada al Tribunal de Cuentas, Augusto César Tauroni no devolverá nada a la Administración porque sólo se exigirá el dinero a los acusados que han ocupado un cargo público. En unos días se conocerá el desenlace.
