La Conselleria de Justicia invertirá 24,3 millones en la reforma, modernización y adecuación de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv), cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2024.
La consellera Gabriela Bravo ha presentado esta mañana el proyecto al que calificó como uno de los más ambiciosos y completos que se han hecho en los juzgados de la C. Valenciana.
El pasado mes de julio se trasladaron las instalaciones al edificio que albergaba la extinta conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás hasta que terminen las obras.
La intervención, que comenzará en el primer trimestre de 2021 tras la aprobación del proyecto de adecuación funcional, tiene como objetivo la renovación integral del edificio para recuperar la esencia histórica y su imagen original, la adaptación a las necesidades de organización del Alto Tribunal y la aplicación de soluciones para los problemas estructurales y de suministro de energía, agua y climatización. En el segundo semestre del próximo año se licitarán las obras, con un plazo previsto de ejecución de tres años.
La actuación incluye la eliminación de elementos añadidos a lo largo de los años que carecen de valor patrimonial, arquitectónico y funcional para que el Palacio de Justicia "no solo recupere su esencia histórica sino que además se convierta en una sede judicial digna del siglo XXI", han asegurado desde la conselleria.
Se modernizarán los accesos y se incorporarán nuevos elementos de comunicación vertical en las escaleras y aparatos elevadores, además de aplicarse una redistribución integral del interior del inmueble para adaptarse a las necesidades actuales del TSJ. En este sentido, se mejorarán el sistema de aislamiento tanto en sus fachadas como en las cubiertas y la carpintería exterior, y se renovarán las instalaciones de agua, electricidad y climatización.
El proyecto no solo supondrá una modernización integral sino que también incluirá la recuperación de los patios interiores y el sistema de cubiertas originales del edificio de 1758, declarado de Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural, y que ha tenido varios usos a lo largo de sus 261 años de historia.
De Real Casa de la Aduana pasó a ser en 1828 fábrica de tabaco, y en 1914 se reformó para su uso como Palacio de Justicia. En las décadas de los 50 y 60 se realizaron varias reformas parciales y una última intervención en los 90, que afectó, principalmente, a su fachada.
La consellera de Justicia, Gabriel Bravo, ha definido la actuación como uno de los proyectos más ambiciosos y completos. "La reforma -ha añadido- convertirá el palacio en una sede funcional, moderna, cómoda, respetuosa con el medioambiente y todo ello manteniendo la esencia histórica de este edificio singular".
Bravo ha destacado que no solo va a suponer la modernización de un edificio histórico, sino que además se ha tenido en cuenta las necesidades y funciones del Alto Tribunal, un edificio en el que cada día trabajan en sus 11.000 metros cuadrados más de medio millar de personas (509), entre ellas, toda la cúpula del poder judicial en la Comunitat Valenciana.
La titular de Justicia ha asegurado que la singularidad del edificio ha obligado a ser especialmente "escrupulosos" con todo el proyecto.
En estos momentos, se encuentra en la fase de contratación para realizar las catas y ensayos, necesarios para intervenir en un edificio protegido. Mientras tanto, se está gestionando la licencia de obras al Ayuntamiento de València. Una fase que la consellera ha anunciado que estará finalizada en junio de 2020.
El proyecto, según ha afirmado Bravo, ha tenido en cuenta las solicitudes y sugerencias de los jueces y fiscales. "La semana pasada me reuní con la presidenta del TSJ y con la fiscal superior", ha aseverado la consellera, quien también ha anunciado que esta misma mañana presentarán el proyecto a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.
La adecuación del edificio a las nuevas necesidades judiciales correspondió inicialmente a la empresa pública Tragsa, a la que la Conselleria de Justicia adjudicó tanto la redacción del proyecto de reforma como la ejecución y la dirección de las obras.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales admitió el pasado mes de febrero parcialmente el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana que (CCCV),y anuló la adjudicación de las obras a Tragsa por ser contraria a la ley de contratos.
Posteriormente, en concreto en mayo, la Generalitat anunciaba que Tragsa continuaría con la redacción del proyecto y, más tarde, se licitaría la obra.
