El Ministerio de Fomento ha adjudicado mediante un contrato de emergencia la conservación y mantenimiento de los 374 kilómetros de la AP-7 que a partir del próximo 1 de enero serán gratuitos, tras extinguirse la concesión con Abertis que se ha prolongado durante cuarenta y ocho años. Las adjudicatarias son dos pesos pesados de las obras públicas, las empresas Sacyr y Matinsa [una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)] se encargarán del mantenimiento en la zona norte y sur, respectivamente, de la nueva autovía gratuita litoral, confirman a Levante-EMV fuentes del Ministerio de Fomento.
El contrato de mantenimiento se adjudica por un plazo de siete meses prorrogables e incluirá todas las labores de conservación, mantenimiento, levantamiento de playas de peaje, además de la instalación fija de estaciones de aforo, por lo que se ha reservado un crédito de 31 millones en los presupuestos, según las mismas fuentes. Fomento ya había decidido recurrir a este procedimiento de urgencia, ante la imposibilidad de licitar, tramitar y adjudicar el contrato de mantenimiento de la AP-7 antes del 1 de enero. Aunque la tramitación de este contrato se prolongará tras el recurso presentado por Abertis y los sindicatos UGT y CC OO ante el Tribunal Central de recursos contractuales de los pliegos para los contratos de conservación de la AP-7 por discrepancias en el personal subrogable que ha de asumir la futura adjudicataria del mantenimiento, por lo que quedan suspendidos de oficio hasta que sea resuelto el recurso administrativo. Matinsa y Sacyr han resultado elegidas en un procedimiento negociado abierto realizado por la Demarcación de Carreteras de la Comunitat Valenciana que pidió ofertas a varias empresas y ha elegido la oferta más ventajosa y que ofrezca mayores garantías.
A la inminente liberalización de la autopista del Mediterráneo desde Tarragona hasta Alicante se refirió ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a la «Cadena Ser». El ministro calculó que el fin del peaje supondrá un ahorro de 300 millones para los usuarios de la carretera (230 en la Comunitat Valenciana y 70 millones en Tarragona) «una cantidad equivalente a rebajar un 5% el IVA o una disminución del 4,3 % del IRPF que se recauda en la Comunitat Valenciana». Ábalos aseguró que esperan un mayor uso de la autopista «como en la AP-1 de Burgos donde se incrementó un 30% el tráfico y también bajó la siniestralidad en las carreteras convencionales paralelas».
