La extrema derecha cierra el año en las Corts con una batería de propuestas que entroncan con su sello ideológico. La llamada «defensa de la vida» (la doctrina que condena el aborto) es uno de estos elementos identitarios de Vox. La sindica del grupo parlamentaria, Ana Vega, y la diputada Rebeca Serna presentaron la pasada semana una proposición de no de ley para la protección de las madres adolescentes en la que instan al Consell a implantar una «baja maternal escolar», que permita a estas jóvenes «ausentarse de su centro educativo durante el tiempo necesario».
«Queremos que ninguna joven se quede sin tener a su hijo porque no ha encontrado apoyo. Desde la administración pública debemos garantizar que estas chicas cuenten con los recursos necesarios para seguir adelante con sus estudios, con su trabajo, cuidando de sus hijos», argumenta la formación de derecha radical en su propuesta.
Entre otras medidas de apoyo, Vox pide dotar de tratamientos médicos y medicamentos sin coste alguno para las madres adolescentes, así como vales para que puedan adquirir todos los artículos necesarios para las chicas y los bebés (ropa, alimentos y productos de higiene).
También reclama que se garanticen plazas públicas en guarderías a los niños de estas madres. Asimismo, solicitan que en los protocolos contra el acoso escolar se incluya la especificidad de las adolescentes embarazadas, además de cursos sobre cuidado del bebé y de la madre y un servicio telefónico que informe de todos los recursos disponibles para el apoyo a la maternidad.
La formación ultra asegura, a partir de datos de la fundación RedMadre, que en España se destinan menos de cuatro millones d euros para el apoyo a mujeres embarazadas y 34 millones para «ayudas al aborto».
Los datos que Vox aporta sobre una realidad que, asegura, va en aumento son de 973 bebés nacidos de madres de entre 15 y 19 años en la Comunitat Valenciana (cifra anual de 2014). En España habla de 382 niños de madres menores de 15 años en 2018.
La misma síndica, Ana Vega, asegura en otra proposición que «a nivel político se viene obviando de forma absoluta el derecho a la vida del no nacido» y urge al Gobierno del Botànic a crear cursos y talleres para exponer a las mujeres de los riesgos «físicos y psicológicos» para la mujer «durante y después del aborto». Pide también que un documento con estos riesgos se entregue a todas las mujeres que vayan a abortar y otro con las ayudas para llevar a término el embarazo.
Las citadas proposiciones no de ley forman parte de un paquete de propuestas registradas por la formación de ultraderecha el pasado día 18. En otra de ellas, solicita la instalación de servicios de guardería en las universidades públicas valencianas y en los centros de Formación Profesional para contribuir a la conciliación familiar del profesorado, el personal auxiliar y los estudiantes.
La batería de medidas incluye también otras con una orientación menos radical en una cuestión que genera conflicto social y que obligará a los grupos a tomar partido.
Así, en otro escrito, Vega pide a las Corts instar a la Conselleria de Economía Sostenible a apoyar económicamente a los empresarios que contraten a mujeres en edad de tener hijos «para que la maternidad no sea un obstáculo para la inclusión en el mercado laboral».
«Okupas» y derechos lingüísticos
Las iniciativas presentadas por registro de entrada antes de acabar 2019, el año de aparición de la extrema derecha en la Cámara, tienen que ver también con otras cuestiones. Propone de esta manera excluir de todas las ayudas públicas de cualquier índole a las personas con delitos relacionados con la ocupación ilegal. Asegura que la actual normativa «desprotege al propietario y beneficia al okupa», por lo que a fecha de 31 de julio de este año existían más de 1.160 casos de ocupación ilegal en la C. Valenciana.
Otra propuesta en la línea de Vox es la de extinguir el convenio de la Conselleria de Educación con la Universitat de València para una cátedra de derechos lingüísticos, dotada con 80.000 euros. Sugiere que esa cantidad se destine al fomento de la Formación Profesional. Sostiene que «no se puede mantener» un organismo que «de facto no defiende los derechos lingüísticos de más de la mitad de la población».
También piden extender las medidas de protección en las declaraciones judiciales a «todas» las víctimas de violencia física o moral.
