El escenario es peliagudo: un Consell que se precia de gastar por debajo de la media (aunque se ha acercado en los últimos años) y hacer frente a las mismas obligaciones de atención social que el resto de comunidades con muchos menos ingresos y que, frente a ello, topa cada mes con un balance del Ministerio de Hacienda que lo sitúa, en especial en 2019, como la autonomía con más déficit público, muy lejos de los objetivos de estabilidad. ¿Qué hacer?
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, viene predicando desde 2015 que el déficit (lejano, con todo, al de los últimos años de gobierno del PP) es la consecuencia directa de la infrafinanciación. Es por tanto inevitable para garantizar una prestación de servicios básicos digna para los valencianos, al nivel de la que reciben el resto de ciudadanos de España.
Así, los números rojos pueden resultar muy feos para los doctrinarios de la estabilidad financiera, pero son una necesidad que hay que asumir con normalidad mientras no se modifique el marco de la financiación, por mucho que puedan doler a los ojos.
Una medida que, al menos, evitaría que la C. Valenciana sea señalada por otros gobiernos autonómicos como incumplidora es el establecimiento de objetivos de déficit asimétricos. Esto es, que el techo de déficit valenciano sea distinto al del resto de autonomías. El objetivo para todas en 2019 es del 0,1 % de déficit con respecto al PIB, pero el Consell está en un 1,17 % a fecha de octubre (cerró 2018 con un 1,29 %).
Este déficit asimétrico es la reivindicación de Soler en cada consejo de política fiscal y financiera. Con poca fortuna, hasta ahora, aunque al menos no se discute ya la infrafinanciación.
Precisamente, los 1.345 millones de euros de déficit a fecha de octubre que resulta del último balance público coincide con los 1.325 millones reivindicativos (o ficticios) que el Consell del Botànic incluye en cada uno de sus presupuestos anuales como muestra de la deficiente financiación.
Sin ese déficit asimétrico, acercarse a los objétivos del Gobierno supone un sacrificio que pagarían los ciudadanos. Para la oposición de derechas, existe gasto en altos cargos superfluo.
El trasfondo es la política de austeridad y estabilidad financiera que viene de Bruselas y, a su vez, con denominación de origen alemana. Una estrategia que economistas progresistas cuestionan. De momento, es la que hay y pone al Consell en unas circunstancias difíciles.
