El Consell responde a la sala del TSJ tras la sentencia que sugiere regular la prostitución: "No se regula la violencia a las mujeres"

Pese a que esta competencia es del Estado, la Administración valenciana dejó clara ayer su posición y reiteró que «no se regula la violencia hacía las mujeres» porque «las personas son personas, no son objetos».

Así lo manifestó ayer la vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra durante la rueda de prensa celebrada tras el pleno del Consell. Tal como avanzó ayer Levante-EMV, esta sala del alto tribunal valenciano ha ordenado el cese inmediato de la actividad de un burdel clandestino situado en el centro histórico de València, junto al Mercado Central, que alquila habitaciones a mujeres prostitutas en fracciones de 30 minutos a una hora.

El tribunal tomó la decisión «sin perjuicio de que, sería muy razonable, el que se regulara legalmente, en todos sus sentidos, un fenómeno tan extendido como este». El prostíbulo, ubicado en un inmueble de varias plantas de la calle de Viana, en el barrio de Velluters, seguía abierto este jueves ofreciendo habitaciones a prostitutas para servicios sexuales.

Tras conocerse el contenido de la resolución y preguntada por esta cuestión, Mónica Oltra puntualizó que el Consell valora las partes dispositivas de las resoluciones judiciales y no las opiniones del tribunal que recoja la sentencia. Aún así, la vicepresidenta manifestó que la explotación sexual «no se puede regular» porque es «violencia» y se preguntó: «¿Te pego pero un poquito?». El debate excede de las competencias de la Generalitat, pero Oltra reiteró que la posición del Consell es sólida, unánime y clara: «La explotación sexual es un delito, es maltrato y violencia contra las mujeres y en la medida que es violencia no se puede regular».

En la sentencia, dictada el pasado 29 de noviembre y que también condena en costas a la propietaria del burdel ilegal, la sala aclara que «obviamente, este asunto no tiene por objeto valorar la actividad de prostitución que se materializa en el local objeto de las actuaciones, ni por supuesto resolver el pleito en función de un juicio crítico, estético o moral sobre la prostitución, cosa que es ajena por completo a la materia objeto de estos autos».

No obstante, a continuación puntualiza que lo «razonable» sería regular estas actividades. El asunto judicial se ha seguido por la jurisdicción contencioso-administrativa, pues la cuestión central que ha abordado el TSJ es determinar si, en función de la actividad que ejercita, se precisa que el burdel esté inscrito como una pensión y conste en el expediente la comunicación ambiental para prevenir la contaminación y la calidad del establecimiento.

La sugerencia del tribunal que recoge la sentencia también generó críticas entre colectivos feministas que piden la abolición de la prostitución. En concreto, Maite Gabaldón, portavoz de la plataforma Front Abolicionista del País Valencià, lamentó que no se persiga el proxenetismo en España.

«La sentencia sería impecable si no fuera porque lanza esa opinión ¿Regular? Hay que regular, claro. Este país se tiene que poner a hacer leyes, pero no puede haber leyes donde las mujeres sean objetos. En esos sitios si pagas puedes hacer lo que quieras con esa mujer, es de las peores violencias hacia la mujer sin ni siquiera entrar a regular», insistió Gabaldón.

«El problema de las mujeres no es la salubridad de la habitación, es que están siendo destrozadas y acceden a relaciones sexuales no consentidas a cambio de dinero, les estamos dando la espalda», concluyó la portavoz.

No obstante, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) defiende lo contrario: que se regule como actividad económica legítima, que se garanticen los derechos de las prostitutas y se persiga a las mafias.