El Ministerio de Fomento ha realizado una due dilligence (una auditoría o estudio pormenorizado) de la situación en la que se encuentra la AP-7 «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación previo a su entrega sea adecuado», según adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado mes de julio. Este informe se ha remitido a Abertis tras examinar la situación actual de la autopista, al que la concesionaria podrá alegar. «En general está en bastante buenas condiciones, salvo algún defecto que se requiere subsanar, aunque no está cuantificado cuánto puede costar», explica a Levante-EMV el secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López.

Al respecto, también precisa que «todas las autopistas tienen un inspector de explotación que elabora un informe sobre las condiciones exigidas en las concesiones. Se podrá reclamar a Abertis, aunque haya acabado la concesión. Esta situación ya se produjo con las radiales en Madrid que estaban en mal estado. Aunque la AP7 no tiene nada que ver. Está bien conservada, excepto algún punto de discusión, pero el estado general es bastante bueno».

El Ministerio de Fomento prevé que, como mínimo, el tráfico aumente un 30 % como sucedió tras liberalizar la AP1 en Burgos, el pasado año. La medida en la vía que une Burgos con Vitoria ha tenido «todo tipo de repercusiones: ha bajado la siniestralidad en la carretera nacional alternativa, pero también hay quejas porque ahora hay menos tráfico y las gasolineras y restaurantes han perdido clientela».

La liberación de la AP-7 traerá consigo que los municipios de la Comunitat Valenciana por los que discurre la autopista pierdan más de 6 millones de euros en impuestos. La concesionaria ya no hará negocio con el tráfico, pero tampoco pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los municipios de Castelló dejarán de percibir 2,5 millones de euros, los de Alicante 2 millones y los de Valencia 1,5 millones. En Valencia, uno de los municipios más afectados es Oliva, que perderá 321.000 euros ya que por su término municipal circula el tramo de mayor longitud. Le sigue Tavernes de la Valldigna (también en la Safor) con el segundo mayor recorrido de la autopista, que dejará de percibir 242.000 euros al año. Gandia con 151.000 euros, Xeresa con 66.000 y el Real de Gandia con 53.000 le siguen en una lista que cierra Almoines, que no percibirá los 17.525 euros anuales.

En la Marina Alta, la localidad más perjudicada es Benissa ya que en concepto de IBI ingresaba la cantidad de 263.885 euros, le siguen Pedreguer con 147.000, Gata de Gorgos con 120.000 y Ondara con 85.000. Los alcaldes afectados coinciden en que los beneficios de la liberalización de la AP7 son muy superiores a los perjuicios por la pérdida de ingresos.

En el lado opuesto están los contratistas y los hoteleros de Benidorm, que defienden que se mantenga el peaje y que los valencianos sigan pagando por una infraestructura esencial. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana asegura que el Estado dejará de percibir unos 150 millones de euros al año en impuestos.