La Conselleria de Sanidad tenía por cerrar a 31 de diciembre de 2018 hasta 38 liquidaciones anuales de las cinco áreas de salud bajo gestión privada. Pese a que fue uno de los caballos de batalla de la consellera Carmen Montón, el cierre de liquidaciones (el balance anual para ajustar cuentas entre lo que recibe la concesionaria y lo que se gasta en los pacientes) se ha ido enquistando año tras año. Montón calculó que en su legislatura se iban a poder cobrar 300 millones por estas liquidaciones pendientes. Ahora, el síndic de Comptes alerta de que es imposible saber el impacto real en las cuentas del cierre de estas 38 liquidaciones por la «ausencia de estimaciones razonable» y por la «incerteza jurídica existente» después del pleito que la gestora de Manises ganó en tribunales sobre cómo debía cuantificarse las liquidaciones y el reciente informe del Consell Jurídic Consultiu en el mismo sentido.
