El fin de la concesión de la autopista AP-7 no ha sido un camino de rosas para el Ministerio de Fomento. A pesar de que el final del peaje para los miles de usuarios de la autopista estaba anunciado desde hace varios años, el Ministerio de Fomento no ha licitado hasta el último trimestre el contrato de mantenimiento de la futura autovía, así como el estudio del tráfico en la autopista y en la N-332 durante los próximos meses. Los ingenieros de caminos, canales y puertos y expertos del sector de la carretera criticaban en una jornada la «improvisación» del Gobierno a la hora de tomar decisiones sobre un hecho conocible y previsible. ¿Ha habido improvisación?, pregunta Levante-EMV al secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López. «Menos de la que parece, porque se han producido unas circunstancias especiales», responde.
El secretario de Estado de Infraestructuras relata que «en abril hubo elecciones. Un nuevo gobierno podría haber decidido no levantar barreras en enero, por lo que hasta que en mayo no se comprueba que no va a haber gobierno diferente no iniciamos los pliegos de conservación y mantenimiento para la autopista sin peaje. En julio ya teniamos un borrador de los pliegos de mantenimiento, bastante avanzado para iniciar la licitación, pero los sindicatos nos pidieron información y tiempo para analizar la nueva situación. Y las reuniones se suceden para reducir discrepancias tanto con los sindicatos como con Abertis».
Una situación similar ya se produjo en Burgos, cuando se liberalizó la AP-1. «Nuestro objetivo es acotar al maximo la ligitiosidad, aunque no puedes llegar a acuerdo en todo», explica el secretario de estado de Infraestructuras. «Las discrepancias más importantes son sobre qué trabajadores son objeto de subrogación. Abertis opinaba una cosa y los trabajadores otra. Aunque seguía habiendo discrepancias y sabíamos que iba a haber litigios, no podíamos postergar más la licitación, que se inició en octubre/noviembre. Una decisión que tampoco ha sido fácil porque el Gobierno está en funciones. Y ha habido que aprobar una generación de crédito porque el contrato de emergencia no estaba previsto en los PGE de 2018 (que siguen prorrogados, al no poder aprobar cuentas propias el ejecutivo de Pedro Sánchez) por lo que ha tenido que recabar informes de la Abogacía del Estado y la Intervención».
Para resolver esta situación de interinidad el Ministerio de Fomento ha adjudicado mediante un contrato de emergencia la conservación y mantenimiento de los 374 kilómetros de la AP-7 que a partir de mañana serán gratuitos. Las adjudicatarias son dos pesos pesados de las obras públicas, pues las empresas Sacyr y Matinsa [una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)] se encargarán del mantenimiento en la zona norte y sur, respectivamente.
El contrato de mantenimiento se adjudica por un plazo de siete meses prorrogables e incluirá todas las labores de conservación, mantenimiento, levantamiento de playas de peaje, además de la instalación fija de estaciones de aforo, por lo que se ha reservado un crédito de 31 millones en los presupuestos, según Fomento. También se ha prorrogado el contrato de las áreas de servicio de la AP-7 por lo que «las empresas que las operan las van a seguir ofreciendo el servicio, hasta que se adjudiquen los nuevos contratos», según López.
