Entre las conclusiones sobre el cumplimiento de la normativa, la Síndicatura de Comptes señala las anomalías detectadas en materia de subvenciones. Parte del hecho de que las consignaciones presupuestarias se mostraron insuficientes para atender las transferencias corrientes y el hecho de que alguna líneas se mantienen en niveles de pago «muy bajos e incluso nulos».

Además, pone el foco en las subvenciones directas concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario y que no requieren convocatoria pública. Su conclusión, tras fiscalizar una muestra, es que «no se han ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones». Cabe apuntar que este tipo de subvenciones han estado muy cuestionadas por la oposición. El PP ha pedido eliminarlas, una demanda a la que se sumó Unides Podem, aunque no ha forzado su renuncia en el presupuesto de 2020.

En la muestra analizada por el órgano fiscalizador se analizan seis subvenciones por valor de 200.000 euros concedidas por Hacienda y Presidencia. Con carácter general, la sindicatura encuentra deficiencias por falta de procedimiento reglado o porque el beneficiario no detalla el concepto del gasto realizado.

Entre las ayudas fiscalizadas figura una por valor de 40.000 euros otorgada por la Conselleria de Hacienda al Ayuntamiento de Morella con motivo de la celebración del Sexenni. El síndic se pronuncia en términos duros ya que indica que el 85 % de las facturas se han pagado con posterioridad a la finalización del plazo de justificación, «por lo que no deberían haberse considerado gastos subvencionables».

Es más, afirma que 61,9 % de los justificantes presentados «corresponde a gastos protocolarios y de restauración, cuya vinculación directa con la actividad subvencionada no se encuentra debidamente justificada». Estas conclusiones generaron enfado en la Conselleria de Hacienda, que en su nota de prensa explica que por causas no imputables al beneficiario la orden salió con retraso, con lo que quedó un periodo de tiempo muy escaso, cinco días, que motivó que el plazo se flexibilizara.

Hacienda lamenta que esta alegación junto con las otras no hayan sido tenidas en cuenta por el Síndic. Respecto a los gastos en restauración, apunta que se presntó un certificado de la entidad beneficiaria acreditando que las facturas se corresponden con el objeto subvencionado. El asunto ha generado malestar en ese ayuntamiento, que ayer precisó que de los 42.000 euros, solo 11.000 fueron para catering destinado a los festeros y el pueblo.